Norte de Santander, que ha jugado un papel importante en el campo de los recursos naturales no renovables en el país, enfrenta la paradoja de reaparecer como territorio con reservas de petróleo, pero con una baja en su potencial gasífero, mientras persiste la violencia y  se sufren efectos de la política energética gubernamental.

Esos datos que fueron dados a conocer por la Agencia Nacional de Hidrocarburos resaltan por un lado que el Catatumbo, como lo ha sido por muchas décadas, en su subsuelo ha fluido el crudo, que en esta oportunidad marca un estimado de ocho millones de barriles de petróleo en reservas probadas.

Y en el otro lado de la balanza se sitúa el gas que cayó a 19 a 11 gigapies cúbicos que debería llamar a un procedimiento de búsqueda de nuevos yacimientos potencialmente productivos de este combustible, tan indispensable para el sector industrial y que en el país ha  tenido una masificación en los hogares.

Sin embargo, cuando se pensaría que ahí podríamos contar con probabilidades de poder contar con más acceso a las regalías requeridas para la financiación de diversos programas, la verdad es que esa puerta parece estar cerrada a causa de una serie de factores.

Uno se relaciona con las condiciones de orden público y la presencia de grupos armados como las disidencias de las Farc y la guerrilla del Eln que por su accionar desalientan la inversión por parte de compañías que podrían estar en capacidad de venir a explotar esos yacimientos.

En la mesa de negociaciones de la ‘Paz Total’ con ambas organizaciones, debería el Gobierno Nacional plantear que dentro de los ceses de hostilidades se determine sacar del conflicto a los sectores que ayudan en la generación de empleo, de recursos y de desarrollo para las regiones, en casos como los mencionados.

Es lamentable confirmar que aunque hay un evidente interés por parte de muchas compañías de llegar a la hacer labores de extracción, el reto, por encima de cuestiones técnicas o de calidad, es el de la seguridad, asunto que merece la mayor atención gubernamental para evitar que esas posibilidades se desvanezcan.

Aparte  de este  punto tan sensible, hay otro que realmente sigue generando cuestionamientos entre los expertos en el sector energético, como es la política gubernamental de no permitir que se firmen nuevos contratos de exploración en Colombia, para asuntos relacionados con el gas, que  viene en declive.

Esa determinación que puede terminar poniendo en riesgo autosuficiencia de largo plazo y su seguridad energética, ha sido fuertemente criticada al considerarse que se trata de una irresponsabilidad.

De todas maneras el país necesita contar con acciones urgentes, porque en gas solamente hay 2.373 gigapies que alcanzan hasta dentro de seis años, es decir, que en 2030 ya se habrían agotado las reservas probadas de ese combustible, si no hay decisiones para seguir incentivando  las exploraciones.

La región debe plantearles al Ministerio de Minas y a las demás autoridades nacionales que se ofrezcan las condiciones necesarias para que los inversionistas del sector energético lleguen a adelantar labores en el departamento y que no se detenga la búsqueda de pozos potenciales de  petróleo y gas.

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