El reciente intento del gobierno de Gustavo Petro de convocar una Asamblea Constituyente, respaldado por el exministro Álvaro Leyva, ha generado una fuerte controversia en Colombia. Leyva, quien además fue suspendido de su cargo como canciller por la Procuraduría, defiende esta propuesta alegando que es una obligación derivada de los acuerdos de paz con las Farc. Sin embargo, esta interpretación no solo es equivocada, sino también peligrosa para la estabilidad democrática del país.

La constituyente: ¿una obligación o un pretexto?

Álvaro Leyva ha afirmado que la constituyente está contemplada en los acuerdos de paz firmados en La Habana. Según él, un párrafo incluido en el acuerdo permitiría la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, esta afirmación ha sido refutada por figuras clave como el expresidente Juan Manuel Santos y el senador Humberto de la Calle, quienes participaron directamente en las negociaciones. De la Calle ha señalado que Leyva está distorsionando los hechos y que la constituyente no fue ni es parte del acuerdo.

La postura de Leyva y su insistencia en este tema son alarmantes. La defensa de una constituyente como una supuesta obligación refleja una estrategia para justificar un cambio radical en el sistema político colombiano, similar al camino tomado por Venezuela bajo Hugo Chávez. El intento de Leyva de reinterpretar el acuerdo de paz para encajar sus argumentos no solo es deshonesto, sino también un peligroso precedente.

Los riesgos de seguir el camino de Venezuela

El presidente Gustavo Petro, conocido por su agenda de izquierda, ha encontrado en la propuesta de una constituyente una herramienta para consolidar su poder. Esta estrategia es similar a la empleada por Chávez en Venezuela, donde una constituyente se utilizó para modificar el sistema político y asegurar la perpetuación en el poder, la represión de los opositores y el cambio de la dinámica económica. Lo demás lo sabemos todos.

La historia reciente de Venezuela debe servir como una advertencia. La convocatoria de una constituyente llevó a la erosión de la democracia y a la centralización del poder en manos de un solo líder. En Colombia, esta propuesta amenaza con desestabilizar el frágil equilibrio político y social alcanzado tras décadas de conflicto armado.

Un acuerdo de paz mal entendido

El acuerdo de paz de 2016, firmado con las Farc, fue un logro histórico que buscaba poner fin a más de medio siglo de conflicto. Sin embargo, utilizar este acuerdo como pretexto para convocar una constituyente es una traición al espíritu de paz y reconciliación que se pretendía alcanzar. La reforma rural integral, la participación política y la solución al problema de las drogas ilícitas son componentes fundamentales del acuerdo, pero no implican una transformación radical del sistema político a través de una constituyente. Es un asunto de voluntad política, que ni el mismo Petro en el poder ha sabido sortear ni mostrar avances.

La postura de la comunidad internacional

El acuerdo de paz fue respaldado por la comunidad internacional, incluyendo el acompañamiento de las Naciones Unidas Cualquier intento de reinterpretar este acuerdo para justificar una constituyente debe verse con escepticismo. La comunidad internacional debe vigilar de cerca estos desarrollos para asegurar que los principios de democracia y estado de derecho sean respetados.

La propuesta de una Asamblea Constituyente impulsada por Gustavo Petro y defendida por Álvaro Leyva no es más que un intento desmedido por implementar sus propuestas de “cambio”, poniendo en riesgo la democracia colombiana. Este embeleco es un grave error que podría llevar a Colombia por un camino similar al de Venezuela, con consecuencias desastrosas para la estabilidad política y social del país.

Sin embargo, esto no sería tan fácil si se tiene en cuenta una proposición del entonces senador Carlos Fernando Galán, consignada en el Acto Legislativo 02 del 11 de mayo de 2017, que impide convocar una constituyente desconociendo su trámite por el Congreso de la República. 

Colombia necesita avanzar hacia la paz y la reconciliación, no retroceder hacia la polarización y la autocracia. La comunidad internacional y todos los sectores de la sociedad colombiana deben estar alerta y oponerse firmemente a cualquier intento de manipular los acuerdos de paz para fines políticos oscuros. La democracia y el futuro de Colombia están en juego.

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