A casi un año de la tragedia ocurrida en el corregimiento El Tarrita, donde la fuerza de la naturaleza arrasó las viviendas de 146 familias, el inicio de la temporada invernal vuelve a poner en peligro a la comunidad.

Para Carlos Camargo Assis, Defensor Nacional del Pueblo son imperativas soluciones efectivas para los afectados, entendidas como la garantía de una vivienda permanente y condiciones reales para su sostenibilidad.

Igualmente, exhortó a todas las entidades gubernamentales a trabajar articuladamente para que los menores de edad regresen a clases, ya que el 50% de niñas, niños y adolescentes, víctimas del desastre natural, no volvió a la escuela.

“Las comunidades del corregimiento El Tarrita y de Brisas del Tarra, de Ábrego, en Norte de Santander, nos manifestaron su preocupación por un posible represamiento de tierra y roca en la parte alta de la montaña”, contó Camargo, en visita de inspección a la zona donde ocurrió el desastre natural.

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A casi un año de los hechos acaecidos entre los municipios de Ábrego y Villa Caro, aún no han sido brindadas soluciones de fondo que permitan garantizar la vivienda segura, sostenibilidad económica y educación integral para los damnificados.

Genera preocupación a la Defensoría del Pueblo, expresó Camargo, “la información entregada por la comunidad, pues el inicio de la temporada invernal alerta una posible emergencia que podría poner en alto riesgo la vida de las comunidades, máxime que han venido retornando a la zona, debido a que este año no han recibido los apoyos para el restablecimiento de los derechos a una vivienda digna. Denuncian incumplimientos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”.

Deserción escolar

Durante la visita, los docentes que prestan sus servicios en el lugar les manifestaron a los funcionarios de la entidad que, como consecuencia de la avalancha, a mediados del 2023, alrededor del 50% de los estudiantes de la Institución Educativa El Tarra ha desertado. 

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 “Esto ha puesto en situación de vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes en una región con fuerte presencia histórica de grupos armados ilegales. Por esta razón, reiteramos nuestro llamado a que todas las entidades trabajen de manera conjunta para que los menores de edad regresen a clases”, señaló el Defensor del Pueblo. 

De igual forma, Carlos Camargo Assis y sus equipos de la Delegada para la Atención y Prevención de Desastres y la Regional Ocaña constataron la ausencia de espacios físicos adecuados para su proceso de formación, recreación y deporte, así como del mobiliario requerido para su desempeño.

“Exhortamos a la Alcaldía de Ábrego y la Gobernación de Norte de Santander a atender de manera inmediata las necesidades de niñas, niños y adolescentes frente al derecho a una educación integral y de calidad”, señaló el Defensor del Pueblo de los colombianos.  

El llamado al Invías

Por otro lado, y velando por los derechos a la prevención de desastres, económicos, a la libre locomoción y al trabajo, la Defensoría le solicita al Instituto Nacional de Vías (Invías) ejecutar de manera efectiva las obras y proveer soluciones definitivas que garanticen el flujo permanente y seguro en la vía entre Cúcuta y Ocaña. 

“Son indispensables medidas definitivas que salvaguarden la vida y el bienestar de los habitantes de los lugares afectados”, remarcó Camargo Assis.

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La avalancha del 31 de mayo

El 31 de mayo del 2023, a causa de las fuertes lluvias y la geomorfología de la zona, ocurrió una avenida torrencial, la cual generó el desbordamiento del río Tarra, entre los municipios de Ábrego y Villa Caro (Norte de Santander), que acabó con el corregimiento El Tarrita y ocasionó grandes daños y pérdidas en las veredas Brisas del Tarra, Quebrada del Paramillo y El Remolino.

La emergencia generó afectaciones a 146 familias (470 personas) y destruyó en su totalidad 35 viviendas (dejó con serias afectaciones a otras), siete puentes, vehículos y una de las instituciones educativas. Además, dejó incomunicados a los municipios que transitan la vía nacional entre Ocaña y Cúcuta, generando crisis en los sectores transporte y económico de la región.

“Por eso se hace necesario que les brinden soluciones efectivas a las familias afectadas, es prioritaria la garantía de una vivienda permanente y condiciones reales para su sostenibilidad”, enfatizó el Defensor del Pueblo. 

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