Lejos de mostrar avances esperanzadores para departamentos como Norte de Santander, duramente golpeados por el conflicto y la violencia, las noticias que llegan desde la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln solo profundizan la preocupación, la zozobra e incertidumbre en la que viven comunidades, organizaciones, defensores de derechos humanos, líderes, sectores empresariales y económicos, así como las mismas autoridades del departamento.
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Y es que el anuncio con el que sorprendió el lunes el Ejército de Liberación Nacional, de poner fin a su compromiso de no seguir secuestrando con fines extorsivos, revive el fantasma de un flagelo que golpeó duramente a esta región del país en el año 2023.
Según el noveno informe sobre las dinámicas de violencia en Norte de Santander, presentado semanas atrás por la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh), el año pasado en esta zona del país se presentaron 99 secuestros, de los cuales 48 fueron con fines extorsivos y los otros 51 simples. Solo en Cúcuta se registraron 15 casos, cuyo objetivo era obtener dinero por parte de los familiares de las víctimas.
Entre tanto, un informe presentado por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, en su reciente visita a Cúcuta, daba cuenta de que este departamento fue el segundo del país, en 2023, con más secuestros de carácter extorsivo y simple, después de Antioquia. La cifra revelada por la congresista ubica el número de secuestros en 47 y dice que, de acuerdo con los datos del Ministerio de Defensa, Norte aportó el 14% de todos los casos de secuestro el año pasado.
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Para Jhon Jairo Fonseca, presidente del Comité Intergremial de Norte de Santander, lo manifestado por el Eln no solo genera una profunda preocupación entre los sectores empresariales de la región, sino que reviste un impacto muy negativo para la ya debilitada economía de la ciudad y el departamento.
“Es muy grave que no se puedan establecer otros canales para que ellos (el Eln) puedan mantenerse en el proceso, porque esto altera a la sociedad civil completamente y nos perjudica enormemente el desenvolvimiento de las actividades comerciales, mercantiles e industriales. Esto causa mucho temor en la población y el empresariado”, manifestó el dirigente gremial.
Dijo que uno de los mayores impactos, sin duda, podría estar en la inversión que se está consolidando en esta zona del país y la que se esté proyectando.
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“Si había preocupación en el sector comercial e industrial de la región porque se venía aumentando el índice de secuestros, con esta noticia va a haber más incertidumbre. La verdad es muy preocupante y lo que esperamos es que replanteen en la mesa de diálogo lo que está sucediendo y miren de qué otra forma enfrían o congelan esa práctica”, agregó Fonseca.