Una acción de grupo firmada por 2.600 víctimas de extorsiones a través de teléfonos celulares fue presentada contra los tres operadores de telefonía móvil más grandes del país. La cual fue admitida por el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, y tiene como sustento la falta de control de Comcel, Movistar y Tigo sobre todos sus abonados.

El abogado de las víctimas y autor de la demanda, Juan Antonio Durán Ariza, explicó que sus representados demandan una indemnización por $1.4 billones, aproximadamente $550 millones por cada una de las familias que hasta el momento se han afectado por las extorsiones.

“Las compañías operadoras tienen la obligación de verificar quién es el suscriptor de cada línea y agotar todos los recursos que tengan para comprobar la veracidad de los datos que recibe y eso no se está haciendo. Cuando una persona es víctima de una extorsión y reporta las líneas desde donde se originaron las llamadas y las autoridades no pueden establecer quién es el suscriptor de la línea porque en la calle se venden simcard sin control, los delincuentes aprovechan esa circunstancia y empiezan a extorsionar”, aseguró el abogado.

Además de la indemnización, el representante de las víctimas explicó que la otra pretensión es que se desactiven las líneas donde no tengan identificados los suscriptores para acabar la extorsión telefónica.