Un paso para adelante y dos para atrás. A este ritmo parece avanzar la novela en que se ha convertido la intervención de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte) por parte de la Superintendencia del Subsidio, la cual completa ya 20 días.

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Después de que la jueza Octava Administrativa del Circuito de Cúcuta, Magda Yolima Prada Gómez, ordenara el lunes sancionar a la superintendente encargada, Angie Katherine Monroy Bobadilla, por incurrir en desacato a la medida cautelar que suspende la sonada intervención y no reintegrar al desvinculado director Oscar Guillermo Gerardino Astier, ayer echó para atrás esa decisión.

En un nuevo auto conocido por La Opinión, Prada Gómez resolvió declarar nulas todas las actuaciones que se hicieron en el marco del incidente de desacato elevado por Gerardino y admitido el pasado viernes 17 de mayo,  esto es, la sanción a la titular de la Supersubsidio y su correspondiente multa de un salario mínimo legal mensual vigente, así como el llamado a cumplir con el retorno a sus funciones de quien fuera director de la Caja hasta el pasado 30 de abril.

“Es necesario decretar la nulidad de las actuaciones adelantadas por este despacho en el incidente de desacato a partir del auto del 17 de mayo de 2024, providencia mediante la cual abrió el trámite incidental, con el objeto que se rehaga el trámite garantizando el ejercicio pleno de las garantías con la consecuente aplicación irrestricta del debido proceso”, determinó la jueza octava.

Dicha determinación se da en respuesta a un incidente de nulidad que interpuso Angie Katherine Monroy Bobadilla frente a la medida provisional que suspende la intervención de la Caja de Compensación y el desacato que se falló este lunes a favor de Oscar Gerardino, como quiera que se habrían dado fallas en el procedimiento de notificación.

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Al respecto, la jueza de tutela le dio la razón a la superintendente encargada en lo que corresponde al desacato de la medida cautelar y por eso lo dejó sin efectos, para comenzar el trámite de nuevo.

“(…) se deja constancia que para imponer la respectiva sanción solo se tuvo en cuenta el acto administrativo expedido por la Superintendencia para dar cumplimiento al auto del 15 de mayo de 2024, sin que se agotara el término otorgado para que la doctora Angie Katherine Monroy Bobadilla presentara sus argumentos de defensa”, reconoce el despacho judicial.

Así las cosas, el Juzgado Octavo Administrativo deberá proceder a corregir la actuación procesal, lo cual implica, una vez admitido nuevamente el desacato, disponer el término de los dos días para que la Supersubsidio pueda ejercer su derecho de defensa.

Abogados consultados por La Opinión aseguran que esta nueva orden judicial, sin embargo, no compromete en nada la Resolución 0302 expedida el pasado viernes 17 de mayo por la entidad del Gobierno Nacional acatando la orden de suspender temporalmente la intervención administrativa de la Caja.

En dicha decisión también se frena la designación de Germán Antonio Bautista como director administrativo encargado, hasta que se conozca el desenlace de la acción de tutela que interpuso Oscar Gerardino, y no se ordena el reintegro de este último.

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Es decir que, se mantiene la decisión de dejar sin director administrativo y agente de intervención o consejo directivo a Comfanorte, hasta que haya un fallo de tutela.

Día de decisiones

Horas antes de conocerse el desenlace del desacato que hoy vuelve a enredar las cosas en la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, La Opinión tuvo acceso a otras decisiones que se habían adoptado con relación al mismo lío que tiene a esa entidad en el limbo y con todos los reflectores puestos sobre ella:

-El lunes en la tarde, el procurador 208 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cúcuta le había pedido a la jueza octava declarar improcedente la acción de tutela que instauró Oscar Gerardino y mediante la cual reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, trabajo digno, dignidad humana y buen nombre.

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En consecuencia, el delegado del Ministerio Público argumentó que se debía ordenar el levantamiento de la medida cautelar de suspensión ordenada, “por no configurarse ninguna de las causales de excepcionalidad de la tutela contra del acto administrativo”. Para ese organismo de control, existían otros mecanismos antes que la tutela para “debatir las pretensiones dirigidas a cuestionar la decisión de la Superintendencia”.

-En la mañana de ayer, entre tanto, la Defensoría del Pueblo, tras conocer la orden judicial de desacato, le envió un documento a la superintendente Angie Katherine Monroy Bobadilla exigiendo el cumplimiento del mandamiento del Juzgado Octavo y solicitando que se procediera entonces con el inmediato reintegro de Gerardino.

Esta petición, sin embargo, quedó sin piso unas horas más tarde, luego de notificarse que el mismo despacho judicial que falló el desacato lo terminó echando para atrás.

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