Un frente común para abogar por la convivencia pacífica de los pueblos con una mayor inversión social en la región promueve líderes sociales de la zona del Catatumbo.
El comité intergremial solicita al Gobierno Nacional fijar la mirada hacia los planes de seguridad, ya que los violentos tienen atemorizados a los habitantes de la provincia de Ocaña.
“Estamos abandonados y se requiere ambientes de seguridad para mitigar los efectos en la economía. Matan para robar una moto o un celular, la extorsión, el secuestro y el boleteo se disparó”, indicó el vocero de Teorama, Pedro Quintero Montejo.
El presidente ejecutivo de la Comercio de Ocaña, ingeniero Fabio Rincón Ortiz, reclamó acciones concretas para proteger a los empresarios que atraviesan una difícil situación.
El alcalde de Ocaña, Samir Fernando Casadiego Sanjuán, convocó a los representantes de todas las instituciones para el próximo viernes con el fin de elaborar un documento donde se exigirá mayor presencia del Estado ante el cúmulo de necesidades.
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“Nos tiene muy preocupados la inseguridad vivida en la región, queremos ser escuchados en el orden departamental y nacional. El secuestro, un delito tan atroz, se ha incrementado. El viernes se instala una mesa institucional por la unidad, seguridad y movilidad de la provincia”, precisó el mandatario.
El enfoque intergremial
Los gremios afectados abordarán distintos enfoques y plasmarán en un documento las necesidades más sentidas y estrategias para aclimatar el recrudecimiento del orden público en la región.
Se presentará al Congreso y la Presidencia de la República en busca de espacios para ser escuchados en plenaria con el fin de buscar soluciones a las dificultades a través de políticas nacionales, agregó el alcalde de Ocaña al manifestar que se sienten solos.
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El municipio tiene 136.000 habitantes y se trabaja únicamente con dos cuadrantes de la policía donde el pie de fuerza es insuficiente. “Vamos a generar un diálogo con la Cámara de Comercio, Diócesis, transportadores, comunales, Fiscalía, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, la Asociación de Municipios, Policía, Ejército, seccional de la universidad Francisco de Paula Santander, hospital regional Emiro Quintero Cañizares, en aras del acompañamiento del Gobierno Nacional.
Acelerar las obras en El Tarrita
Uno de los temas fundamentales en la agenda de los representantes gremiales corresponde a la emergencia vial registrada en la vereda El Tarrita de Ábrego.
Los comerciantes observan la manera como el Gobierno Nacional volcó todas las acciones hacia Quetame, Cundinamarca, y a pesar de la urgencia manifiesta declarada en la carretera Ocaña-Cúcuta, los trabajos avanzan lentamente.
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Reclaman un trato igualitario y solventar el tema de movilidad, ya que las pérdidas son millonarias. “Diseñar un pliego bastante robusto con la firma de cada unos de los representantes para ser escuchados en el orden nacional”, precisó el alcalde de Ocaña.
En bancarrota
El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Ocaña, Javier Ortiz Navarro, pide un salvavidas para mitigar la difícil situación que atraviesan las personas asentadas en el corredor vial.
“Muchas familias viven de la dinámica comercial del corredor vial y con el cierre total de la carretera las repercusiones económicas son de grandes proporciones. Están al borde de la quiebra pues se tiene un estimativo de 1.5 millones de pérdidas al mes”, recalcó.
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A lo anterior se suma la inseguridad reinante en la región, lo que genera un estancamiento. “Es inadmisible que la persona encargada de vigilar los trabajos en el eje vial sufra un atentado terrorista. Históricamente estamos sometidos a los efectos del conflicto que se ha recrudecido en los últimos años”, precisó.
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