La paciencia se colmó entre los damnificados de la vereda El Tarrita, comprensión rural del municipio de Ábrego, quienes desde ayer mantienen cerrada la carretera Ocaña-Cúcuta para exigir mecanismos que ayuden a solventar la aguda crisis económica causada por la avalancha del 31 de mayo del año pasado y que enterró las viviendas y los cultivos de estos campesinos.
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Las personas que se mantienen en la tranca denunciaron estar cansados de tantas promesas sin resultados concretos y le exigieron al Gobierno Nacional y al departamental el cumplimiento de los compromisos adquiridos por funcionarios luego del desastre natural.
Desde tempranas horas de la mañana de este martes están cerrados los puentes metálicos que la administración nacional construyó hace casi un año, y que en su momento aseguró que serían provisionales mientras reparaban esta carretera que conecta a Norte de Santander con la Costa Atlántica de Colombia.
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Únicamente permiten el paso de atención médica acatando los principios humanitarios de extrema urgencia, pero todas las actividades están suspendidas por orden de los manifestantes para reivindicar sus derechos.
A la deriva
Los protestantes no quieren pañitos de agua tibia y reclaman obras de alta ingeniería para remediar la falla geológica, pues temen una tragedia de grandes proporciones ante el recrudecimiento del invierno.
El mandatario de esa población, Huber Darío Sánchez Ortega, activó el Puesto de Mando Unificado para mitigar los efectos de la parálisis en la arteria vial y buscar alternativas encaminadas a solucionar los problemas registrados en la carretera por el desastre natural.
Instó al diálogo con los gestores sociales para evitar las grandes repercusiones en el aspecto socioeconómico para la región. “Hago un llamado a la sensatez ya que todos los trámites administrativos requieren de un tiempo para no cometer errores y las familias lleguen a sitios seguros”, reiteró.
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Los protestantes reclaman el reasentamiento de las 140 familias que lo perdieron todo durante la avenida torrencial, proceso que afirman está atrasado debido a los escándalos de corrupción destapados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres.
El drama de los damnificados
El damnificado Geovanni Becerra Durán lamentó el incumplimiento de la Unidad del Riesgo. “Lo perdimos todo por la negligencia, no por la fuerza de la naturaleza como lo pretende indicar los gobernantes de turno”, agregó.
Wilmar Ortiz, presidente de la Quebrada del Paramillo, exigió la presencia de la ministra de Agricultura para que solucione los problemas en el sector.
Luis Jesús Ropero Durán, indicó que mantendrán su postura hasta las últimas consecuencias ya que se olvidaron de los damnificados. Sobre esto, hay que decir que la protesta tiene una planificación de tres días; sin embargo, enfatizaron en que no cesarán hasta que las autoridades competentes les den respuestas concretas.
En este sentido, el presidente de la Asociación de Personeros de la zona del Catatumbo, abogado Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, recogió todas las inquietudes para enviarlas al Gobierno nacional y tomar cartas en el asunto.
Con el credo en la boca
Los voceros comunales indicaron que la tragedia fue anunciada con antelación, pues el 11 de noviembre de 2022 la remoción en masa de tierra sepultó a 5 integrantes de una misma familia en el municipio de Villa Caro y no se adoptaron mecanismos para la prevención.
Ahora temen una réplica y convocaron a la dirigencia de la región, gremios de transportadores, a los ministros, al nuevo director de Gestión del Riesgo e, incluso, al presidente de la República a visitar la zona y que conozcan la magnitud del problema.
Asimismo, al Servicio Geológico colombiano para que hagan un perfilamiento de la cuenca hidrográfica para prevenir otra avalancha de mayores consecuencias y causar una tragedia de grandes proporciones si no se toman los correctivos a tiempo.
En este sentido, elevaron la queja al Gobierno Nacional para que asigne los recursos necesarios para acelerar los procesos de las respectivas compras de los predios y así reubicar a los damnificados.
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Por otra parte, el gremio del sector transporte indicó que las pérdidas son incalculables por el taponamiento de la vía y esperan una concertación pronta con las comunidades. Los gastos operacionales aumentan al dar la vuelta por Aguachica-Bucaramanga-Pamplona-Cúcuta.
El dedo en la llaga
Ante la magnitud de la emergencia fueron pocas las soluciones y ayudas brindadas a las familias olvidadas por los entes gubernamentales.
“Durante un tiempo vivieron en albergues donde recibieron la atención primaria y posteriormente los subsidios de arrendamiento mientras se daba el reasentamiento, pero ha sido muy lento el desembolso de los recursos”, reseñaron en el comunicado.
Solo hasta el 7 de mayo se consignó tres meses de la deuda de arrendamiento.
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“Con gran asombro vemos cómo se despilfarran los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en casos de corrupción en el país, mientras en este sector estamos en el olvido, por un Gobierno indolente que no ha mirado con buenos ojos a los campesinos cuyo único sustento es la agricultura y al no tener tierras, vías y mucho menos vivienda no tienen la posibilidad de subsistir de forma digna”, reiteraron.
¿Qué exigen por ahora?
Los temas planteados en el pliego de peticiones para ser debatidos en la mesa de conciliación y diálogo corresponden al estado de los procesos encaminados a la adquisición de predios y proceder con el reasentamiento.
Asimismo, exigen fechas tentativas para la reubicación de las familias damnificadas de las veredas El Tarra, El Molino, Remolinos, Puerto Rico, Brisas de El Tarra y Quebrada de Paramillo.
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También la reubicación de las personas en alto riesgo, así como gestionar la condonación de créditos bancarios solicitados para agricultura por los campesinos que lo perdieron todo y subsidios de arrendamientos hasta cuando se cumpla a cabalidad el proceso de reasentamiento.
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