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Natura lanza herramienta que monetiza los resultados sociales, humanos y ambientales
El nuevo indicador será clave en la toma de decisiones de la compañía basándose en una lógica de análisis

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Natura lanza herramienta que monetiza los resultados sociales, humanos y ambientales
El nuevo indicador será clave en la toma de decisiones de la compañía basándose en una lógica de análisis
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Miércoles, 29 de Junio de 2022

Para Natura, en 2021, el valor generado para la sociedad por sus operaciones en la Amazonía fue de 59 millones de dólares. Esta cifra corresponde a los beneficios generados por la generación de ingresos para las familias locales, el desarrollo comunitario, la mejora de las infraestructuras y la capacidad productiva, además de la deforestación evitada.

Según su modelo de negocio, en 2021, por cada dólar invertido en la región, Natura generó el equivalente a 8,6 dólares de valor social.

Los datos citados forman parte de una innovación en la aplicación de prácticas sustentables en Natura: el primer IP&L (Integrated Profit & Loss en inglés, Pérdidas y Ganancias Integradas), es decir, una herramienta de gestión que integra las ganancias y las pérdidas para medir e informar los efectos sociales y medioambientales del negocio.

El IP&L permite contabilizar en términos monetarios no solo los resultados financieros, sino también el impacto de la operación empresarial en las dimensiones medioambientales, sociales y humanas.


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Los resultados del estudio contemplan los diversos frentes de actuación de la empresa, como la emisión y compensación de carbono, la circularidad de los residuos, la regeneración y conservación de los biomas, la generación de ingresos para la red (y sus impactos en la salud y el bienestar).

El estudio muestra que en 2021 Natura generó 1,5 dólares en beneficios para la sociedad por cada dólar de ingresos.

"Creemos que estamos en un momento en que las empresas estamos obligadas a generar más valor económico para la sociedad que resultados financieros para la propia organización", explica João Paulo Ferreira, CEO de Natura &Co Latam. "y es por esta razón, tenemos que ser claros en todos nuestros datos de impacto".

El directivo explica que por ello IP&L atribuye valores económicos a los efectos sociales, humanos y medioambientales generados por las operaciones de la empresa.

"Para hacer frente a retos globales como la crisis climática y la desigualdad social, tenemos que asignar valor a todo lo que todavía está subvalorado, o incluso no tiene ningún valor asignado. No alcanzaremos los grandes objetivos que nos proponemos en el mundo, si utilizamos solo las prácticas empresariales habituales. Es esencial repensar la forma de contabilizar el valor para cambiar la toma de decisiones, materializando el concepto de capitalismo de las partes interesadas", concluye.


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Según el modelo, las actividades de Natura con mayor retorno para la sociedad son su Programa de Carbono Neutro (que reduce y compensa las emisiones), el Instituto Natura (entidad social con el objetivo de aumentar las inversiones en educación) y las actividades de la empresa en el Amazonas. Estos frentes generan 40, 32,8 y 8,6 veces más valor económico en beneficios que la cantidad invertida, respectivamente.

En el caso del Programa de Carbono Neutro, que es uno de los principales factores para potenciar la generación de impacto positivo de la empresa, la medición del impacto considera los beneficios no solo en términos de servicios ambientales, sino también sus resultados en aspectos como la educación, la salud, la generación de empleo y el desarrollo comunitario.

Estas dimensiones muestran que la generación de valor para la sociedad puede potencializarse cuando los créditos de carbono proceden de proyectos que generan amplios co-beneficios ambientales y sociales.

Desde el punto de vista humano y social, el IP&L también sirve para comprobar de forma muy concreta que el modelo de negocio de Natura tiene un impacto positivo en la calidad y la esperanza de vida de las personas de su red, como colaboradores, proveedores y consultores de belleza.


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Desde el punto de vista medioambiental, y teniendo en cuenta los impactos en la cadena ampliada, el resultado sigue siendo negativo, sobre todo por la fase de eliminación de los envases y uso de los productos (que demandan -en algunos casos- la utilización de agua y energía).

Pero, por otro lado, existen importantes fuentes de generación de valor positivo en el capital natural, principalmente en la conservación de áreas forestales, en la reducción y neutralización de las emisiones de carbono y en las iniciativas de circularidad de envases y fórmulas.

"El IP&L nos muestra qué frentes de mitigación del impacto negativo debemos perseguir, así como dónde podemos aprovechar el impacto positivo", dice Ferreira.

Herramienta de gestión integrada

Para calcular el IP&L, Natura tiene en cuenta todas sus actividades. El ámbito evaluado incluye la cadena de valor, desde el origen de las materias primas, pasando por la producción, la distribución y el posconsumo, tanto en Brasil como en los demás países donde opera.

Luego se evalúan los resultados de dichas actividades en las dimensiones social, medioambiental y humana. Por último, se miden los beneficios, como el aumento de la esperanza o la calidad de vida y la mejora de las condiciones de salud. Con esto, llegamos al impacto generado, expresado en valores monetarios.

Los resultados del IP&L respaldarán futuras decisiones empresariales y ayudarán a la empresa a aumentar el impacto positivo que pretende dejar en las personas y en el mundo.

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Cúcuta se ha caracterizado por su desarrollo a través de procesos de urbanización ilegal o informal.
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Como muchas otras de las ciudades de Colombia y Latinoamérica, Cúcuta se ha caracterizado por su desarrollo a través de procesos de urbanización ilegal o informal.

Este proceso varia de intensidad y extensión, en unas ciudades más que en otras, pero en todos los casos se caracteriza por albergar población procedente principalmente de procesos migratorios del campo a la ciudad y en la última década, de procesos migratorios de extranjeros provenientes principalmente de Venezuela.

De esta manera,  las personas que viven en este tipo de urbanizaciones hacen parte de la población vulnerable que generalmente tiene un alto grado de pobreza y bajo nivel de escolaridad, y gracias a que estas urbanizaciones ilegales son la única alternativa accesible para resolver su necesidad de vivienda, existen urbanizadores ilegales que se dedican a “urbanizar” y vender lotes y viviendas que no cumplen con la normatividad urbanística, legal ni ambiental y someten a los habitantes a vivir en bajos estándares urbanos y sociales.


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Uno de los casos más reconocidos en el país es el de la banda “Los Tierreros en Bogotá”, que según datos de la fiscalía, en el 2012 fueron capturados y llevados a juicio 18 de sus integrantes por estafar a 400 personas mediante la venta de lotes que previamente habían sido invadidos, cuyo monto que ascendía a $46.700 millones de pesos (Fiscalía General de la Nación, 2014).

Cúcuta no es la excepción, según datos del Departamento Administrativo de Planeación, para el año 2020 Cúcuta contaba con un total de 436 barrios en las 10 comunas, de los cuales 114 son asentamientos ilegales (barrios consolidados) y 55 asentamientos precarios ilegales; esto indica que aproximadamente el 40% de los barrios en la ciudad mantienen la condición de urbanización ilegal. 

A continuación, veremos algunos impactos de las urbanizaciones ilegales en el desarrollo de la ciudad

Desde el punto de vista social, las familias asentadas no gozan de un espacio adecuado y confortable para su desarrollo y no nos referimos a las viviendas per se, si no a la falta de acceso a los servicios públicos y vías pavimentadas, a las dotaciones requeridas como colegios, centros de salud, estaciones de policía y finalmente, al espacio público adecuado para el sano esparcimiento, como zonas verdes, plazas, parques y alamedas.


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Esto por un lado acentúa la desigualdad e incrementa las brechas entre clases sociales, y por otro lado, dificulta el desarrollo de procesos culturales y de seguridad en la apropiación del espacio público por parte de sus habitantes. Convirtiéndose en terreno fértil para la delincuencia entre los jóvenes.

A nivel ambiental normalmente las urbanizaciones ilegales se desarrollan en terrenos inestables de alta pendiente, lo que implica que tienen procesos activos de remoción en masa, o en suelos destinados a la protección ambiental de cuerpos hídricos (cauces, humedales, meandros, etc.), que son susceptibles de inundaciones.

Durante el proceso de invasión no se contempla el cumplimiento de ningún tipo de normatividad ambiental, aumentando el impacto e incluso depredando las especies vegetales y animales, sin un correcto manejo de cauces naturales etc. Por otro lado, dado que no se construye infraestructura de servicios públicos, la disposición de las aguas residuales (negras) se realiza a cielo abierto sobre quebradas o canales naturales o artificiales, causando un impacto en el medio ambiente y generando problemas de salubridad en general.


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Y desde el punto de vista económico, el panorama no es mejor, si bien es cierto que la urbanización ilegal se constituye como solución de vivienda para la población de bajos recursos, en mi opinión es el punto de partida de una bola de nieve; pues en primer lugar su conformación se realiza por fuera del sistema económico, no genera empleos formales ni una mayor inversión de recursos, y en segundo lugar, las familias no pagan impuestos prediales, pues no son propietarios legítimos del terreno.

Lo que finalmente se traduce en la disminución del recaudo municipal, y en el gasto en que el municipio debe incurrir y disponer los recursos para construir los proyectos de la infraestructura vial, dotación y redes de servicios públicos, y la construcción y dotación del espacio público, que en una urbanización legal estarían a cargo del constructor.

En conclusión, para resolver uno de los problemas más básicos y apremiantes de nuestra sociedad, se debe disponer de un sistema integral que contemple y promueva las condiciones de acceso a vivienda legal y económica, control territorial urbano  para evitar la expansión de asentamientos informales a través de mafias dedicadas a su desarrollo y un trabajo mancomunado de entidades gubernamentales regionales y locales (ambientales y de ordenamiento), que permitan planear y ejecutar de forma ágil y oportuna  proyectos a gran escala que impulsen el desarrollo urbanístico ordenado y de calidad, de manera que se promueva al desarrollo de la sociedad, al mismo tiempo que se protege el medio ambiente.

Por Hugo Espinosa-Ing. Civil

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