Un hecho que ha generado preocupación por las escasas explicaciones, los alcances del mismo y sus efectos, es el anunciado traslado de unos cien guerrilleros presos del Ejército de Liberación Nacional (Eln) a la cárcel de Cúcuta.
Es lógico que haya sobresaltos, nerviosismo e inquietudes porque en una ciudad y región con los altos índices de inseguridad que enfrentan, no encaja una medida de dicha magnitud, por todo lo que significa esa masiva llegada de alzados en armas privados de la libertad a la prisión cucuteña.
Entre las dudas expresadas se encuentra la del hacinamiento que afecta al centro carcelario local, que de acuerdo con fuentes consultadas no generaría ningún impacto, porque se prevé relocalizar en otras cárceles colombianas a igual número de detenidos de la banda del Tren de Aragua que se encuentran aquí.
De todas formas hay necesidad que esto se formalice dentro de los procedimientos del ordenamiento legal colombiano y que igualmente se precise qué irá a pasar entonces con lo dicho por el alcalde Jorge Acevedo de enviar al complejo penitenciario a los delincuentes que se encuentran en las celdas de las estaciones de Policía.
Ahí ya podríamos estar ante un choque de posiciones, la una surgida de la solicitud expuesta por la Oficina del Alto Comisionado de Paz y la otra surgida de la necesidad del municipio de contar con más agentes de Policía para vigilar las calles y los barrios, y que no sigan ejerciendo una función que no les corresponde como es la de carceleros.
Dilucidar esto es necesario, porque de una u otra manera alguna de las opciones resultará finalmente afectada, si tenemos en cuenta que ni hay otro pabellón adicional en la Modelo y tampoco existe una cárcel municipal o metropolitana, que en momentos como este merecen volver a ser proyecto de urgente evaluación. A la vez que se precisen las garantías que tendrá la ciudad de que esto no va a convertirse en otro factor alimentador de la violencia, del secuestro y la extorsión.
Pero todo no termina ahí. De fondo falta precisar por parte del comisionado de paz, Otty Patiño, la verdadera razón para llegar a este procedimiento, puesto que no se sabe si hace parte de algún compromiso adquirido en la mesa de negociación de paz con esa guerrilla.
Motivos de seguridad, acercamiento procesal y familiar es lo único que expuso el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) en la resolución emitida. La ciudadanía nortesantandereana merece saber algo más en torno a esta solicitud, para evitar caer en desinformación o en situaciones que en un momento dado afecten las negociaciones o los acuerdos a los que allí se lleguen.
Sería bueno que el comisionado Patiño tuviera un acercamiento con Norte de Santander y dialogara con las autoridades y la comunidad sobre lo que se pretende con esta clase de decisiones, teniendo en cuenta que el Eln tiene una alta presencia e influencia en el departamento y la frontera.
Porque aquí valdría entonces la pena plantear que por lo menos la región sea tenida en cuenta para ser escuchada por sus condiciones especiales y la gran cantidad de acontecimientos de orden público que la han golpeado, y que los planteamientos sean tenidos en cuenta para la reparación, no repetición y la responsabilidad judicial que le corresponda a esa organización armada.
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