En un país como Colombia, marcado por un pasado de conflictos y acuerdos de paz inconclusos, el presidente Gustavo Petro ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Desde Puerto Resistencia, en Cali, y a través de un largo trino, el presidente ha dejado claro su deseo de reabrir un debate que, para muchos, es una amenaza velada al orden constitucional y democrático vigente.

Petro argumenta que el Congreso no ha cumplido con las reformas clave pactadas en el Acuerdo de Paz con las Farc, mencionando específicamente la reforma agraria, la transformación del territorio y la verdad judicial. Estas reformas, según él, son esenciales para avanzar hacia un verdadero estado social de derecho, similar a lo que buscaba el acuerdo con el M-19 en los años 90.

Sin embargo, su insistencia en la constituyente parece más un acto de desesperación política que una necesidad genuina. El presidente ha llegado al punto de lanzar amenazas veladas al Congreso, sugiriendo que si no asume su “rol histórico”, el poder constituyente del pueblo lo hará tarde o temprano. Esta retórica, más que promover un debate constructivo, erosiona la confianza en las instituciones democráticas y siembra la discordia en un país ya profundamente dividido.

La respuesta del expresidente Juan Manuel Santos y otras figuras políticas no se hizo esperar. Santos fue claro al afirmar que nunca se pactó una constituyente en el Acuerdo de Paz y que cualquier intento de convocarla fuera de los procedimientos establecidos por la Constitución sería enfrentado por el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la mayoría de los colombianos. Álvaro Uribe, por su parte, calificó la propuesta de Petro como un posible golpe de Estado, subrayando que todos los mecanismos de participación democrática están ya regulados por la Constitución.

Este llamado a una constituyente no es solo un desafío político, sino un intento de reescribir las reglas del juego para favorecer una agenda que, hasta ahora, ha encontrado resistencia en el marco democrático. El presidente Petro debe recordar que la estabilidad y el progreso de Colombia no pueden construirse sobre la incertidumbre y el desdén por las instituciones existentes.

Colombia necesita líderes que fortalezcan sus instituciones, no que las amenacen con reformas radicales que pueden desestabilizar al país. La paz y la democracia no se imponen por decreto ni se forjan en asambleas constituyentes convocadas al margen de la ley. La verdadera paz se construye con diálogo, respeto por las instituciones y un compromiso genuino con las reformas necesarias dentro del marco constitucional.

Es imperativo que el presidente Petro reconsidere su postura y busque caminos de consenso y diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales del país. La historia de Colombia está llena de ejemplos de lo que ocurre cuando se intenta imponer cambios por la fuerza o sin el debido proceso. No necesitamos más división; necesitamos unidad y un compromiso con la legalidad y la justicia.

En esta coyuntura, más que nunca, es vital que nuestros líderes actúen con responsabilidad y visión de futuro. La constituyente de Petro, tal como está planteada, no es el camino. Es hora de construir sobre lo que tenemos, mejorando y fortaleciendo nuestras instituciones, no destruyéndolas.

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