Tres de los cuatro congresistas mencionados hasta ahora en el megaescándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) son de Córdoba. Estos son Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, a quien acusan de haber recibido 1.000 millones de pesos para la campaña y el trámite de las reformas; Jose Elías Chagui, quien aparece en unos chats con Sneyder Pinilla preguntando por un proyecto suyo en la entidad; y Wadith Manzur, el último mencionado por Olmedo López, conservador y presidente de la Comisión de Acusaciones.
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Según López, exdirector de la Unidad y quien hasta ahora ha decidido empezar a dar entrevistas a los medios, a Calle le entregaron 1.000 millones de pesos por una instrucción superior, y Manzur “se vendió” en un contrato dentro del esquema de robos.
La historia tiene conexión con uno de los departamentos que ha sido víctima de los casos más simbólicos de corrupción en los últimos años. Hay que recordar el escándalo del cartel de la hemofilia protagonizado por el exgobernador Alejandro Lyonys, que a su vez terminó en el cartel de la toga por los pagos que este le hizo al exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, en una emboscada mientras era colaborador de las autoridades estadounidenses.
Moreno era cercano a los magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos y fue capturado por sobornar a aforados para que sus investigaciones en la Corte Suprema fueran archivadas o cerradas.
Hoy Moreno es el abogado de Pinilla, luego de pagar cuatro años de cárcel en la Unión Americana. Pero también están los casos de Bernardo el Ñoño Elías y Musa Besayle, dueños de Sahagún y quienes fueron a parar a la cárcel por el caso Odebrecht y el pago de la toga.
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La nueva generación de políticos que representan a la región parece no haber aprendido nada de los casos anteriores. Como lo reveló EL COLOMBIANO, Andrés Calle, siendo presidente de la Cámara, protagonizó junto a la exconsejera Sandra Ortiz, el actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, y el propio presidente Gustavo Petro, un evento de campaña en Montelíbano solo unos días antes de las elecciones locales del 29 de octubre de 2023.
El padre del congresista, Gabriel Calle Demoya, era candidato por segunda vez a la Alcaldía de ese municipio y resultó electo. El hermano del representante peleaba la gobernación con Erasmo Zuleta, conservador y cercano a Wadith Manzur, y perdió las elecciones.
El poder en Córdoba
Pero el poder de los Calle va mucho más allá. Este diario conoció un movimiento que investigan las autoridades con Calle Demoya en Montelíbano. El alcalde fue denunciado desde 2018 por varios contratos a través de convenios interadministrativos con empresas y recursos de la Alcaldía.
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El caso llegó tan lejos que un fiscal pidió una medida de aseguramiento intramural. Justamente por el riesgo de que el alcalde quedara electo y pudiera interferir en el proceso; esta finalmente no se decidió.
Los convenios eran más de 50 por alrededor de 51.000 millones de pesos. También fue imputado el gerente de la empresa de servicios públicos Jaguazul SA, propiedad del municipio, Jaime Ruiz Calle, quien es familiar del alcalde y el presidente de la Cámara.
Las denuncias tienen que ver con una presunta contratación irregular en la que el alcalde Calle en su primer periodo habría contratado directamente evadiendo la licitación pública y por ende la competencia entre proponentes. Y esos contratos fueron en su mayoría entregados a una empresa que gerenciaba un familiar suyo.
La investigación todavía está abierta con los delitos de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción en contra de Calle Demoya. El alcalde no aceptó los cargos y ahora en Montelíbano hay una guerra política entre la administración actual y la anterior por denuncias similares de corrupción.
Con esos antecedentes, el presidente viajó hasta esa región el 19 de octubre apoyando entre líneas la campaña local de los Calle. El representante a la Cámara fue presentado ante el público por la exconsejera Ortiz, quien perdió su cargo por el escándalo en la UNGRD, y habló durante 15 minutos para agradecer de manera reiterada la visita del presidente.
Ahora hay denuncias por la posible vinculación a la Cámara de Comerció de Montería, de la hija de un juez que tiene en su despacho procesos contra Calle Demoya. Hasta hace pocos meses en la Cámara de Comercio se libró una poderosa batalla por el control con una de las cuotas clave de los Calle, Martin Zuleta, quien había llegado a la junta directiva como delegado del Gobierno.
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Este perdió su asiento por no cumplir con los requisitos para el cargo, pero en la mitad de la controversia se conocieron unos chats en los que Zuleta le enviaría un mensaje a otra persona pidiendo la contratación de la hija del juez por instrucción del “amigo de Bogotá”.
Sobre la investigación por contratación, el alcalde Calle dio una rueda de prensa reciente explicando los alcances del proceso y una medida cautelar que se decidió en su contra para hacer contratos en el municipio.
“Se trata de una medida para evitar que yo pueda salir del país, nunca he pensado en eso. De lo que se me acusa es que utilicé la modalidad de contratación mediante convenios interadministrativos y que allí hubo sobrecostos. No hubo sobrecostos en el terminal, que costó 24.000 millones de pesos”, dijo el alcalde, sobre quien pesaba la imposibilidad de salir del país por el proceso.
La otra pelea por el poder en Córdoba pasa por la hidroeléctrica de Urra. Allí ha quedado evidenciado cómo se nombraron en los últimos meses varios directivos cercanos a la familia Calle para tener fichas en una compañía determinante en la región y con un presupuesto millonario para contratos en un tema de todo el interés del presidente Gustavo Petro: la energía.
El poder de los Calle en Córdoba está por ahora en dos alcaldías y varias empresas regionales, pero la influencia es mucho mayor. Y, en Bogotá, el presidente de la Cámara está a punto de recibir en su corporación la reforma pensional a pesar de las acusaciones en su contra que hasta ahora empiezan a llegar a la justicia.
EL COLOMBIANO buscó una vez más al congresista para consultar su versión pero hasta el cierre de esta edición no contestó.
*Con información de EL COLOMBIANO
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