En este aspecto, aunque no lo manifiesta explícita, el gobierno colombiano contempla buscar el apoyo del régimen venezolano, a los fines de recuperar el control del orden público en la zona de frontera, esto como parte de “las medidas necesarias que permitan el completo ejercicio de la soberanía, la protección de la vida y los derechos de la población”, dice el decreto.
Asimismo, el decreto refiere a que se adoptarán restricciones para prevenir que los grupos armados accedan a bienes y recursos que financien sus actividades criminales.
El decreto también faculta al Gobierno para redirigir recursos extraordinarios del Presupuesto General de la Nación y otros sistemas fiscales con el fin de atender las necesidades inmediatas de la región.
El documento también se refiere a las medidas que necesariamente se deberán implementar para prevenir el impacto ambiental ocasionado por el accionar de grupos armados, así como para garantizar el manejo sostenible de los recursos naturales en la región.
La factibilidad del decreto
Tras revisar el decreto, Luis Fernando Niño, alto consejero para la Paz en Norte de Santander, se pregunta si el lapso de tiempo que establece el estado de conmoción, de 90 o máximo 180 días, será suficiente para hacer lo que no se ha hecho en 40 años.
Por otra parte, Niño se refiere a las implicaciones que tendrá en lo económico este Estado de Conmoción, toda vez que Gobierno habla de un recorte presupuestal de 12 billones, y la ejecución de este ‘plan de choque’ estaría por el orden de los 1.5 billones de pesos.
No obstante, el alto consejero de Paz destacó la voluntad del Gobierno de empezar a trabajar sobre las necesidades planteadas, como la retoma militar del Catatumbo, razón por la cual el ministro de Defensa, Iván Velásquez y los altos miembros de la cúpula militar, sostuvieron su primera reunión en terreno este viernes.
En este sentido, se espera que las fuerzas militares recuperen las capacidades que habían perdido dentro del marco de un cese al fuego, que los facultaba para actuar solo en situación de flagrancia o ataque de la contraparte.
“Esto hizo que durante tres años, incluso entre noviembre y diciembre el año pasado”, 17 militares y policías fueron asesinados en Norte de Santander y no hubo capacidad de respuesta”.
La declaratoria del estado de conmoción interior también busca responder al desbordamiento de las capacidades locales e institucionales para atender la emergencia. Sin embargo, la medida también plantea retos en la coordinación de las autoridades locales y nacionales, así como en la protección de los derechos fundamentales de la población.
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Calamidad pública por seis meses en Norte de Santander
Con la declaratoria del Estado de Conmoción expedida por el Gobierno nacional, en Norte de Santander, el gobernador William Villamizar emitió por su parte el decreto 000071 de Calamidad Pública, a los fines de atender la emergencia generada por el desplazamiento forzado de personas, consecuencia de la situación de orden público en el Catatumbo.
El decreto contempla una vigencia de seis meses, a partir del 23 de enero de 2025, tiempo en el que la Gobernación elaborará un plan de acción específico para la atención, acompañamiento y atención a las afectaciones derivadas de la calamidad declarada, el cual será elaborado y coordinado en su ejecución por el Consejo Departamental.
“Ahora podemos fortalecer las ayudas que llegarán a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para continuar de forma organizada esta tarea”, dijo el gobernador William Villamizar.
Indicó que el decreto de calamidad se hizo atendiendo a la información que se maneja en el Puesto de Mando Unificado, instalado de manera permanente desde hace más de una semana, cuando comenzó la emergencia en el Catatumbo.
Alcance territorial del decreto
El alcance territorial del Estado de Conmoción Interior abarca 11 municipios de la subregión del Catatumbo, como Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, además de los territorios indígenas de las comunidades Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.
Asimismo, el decreto contempla a los municipios de Cúcuta y área metropolitana: Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander, además de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.
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