Según el Índice de Riesgo de Victimización del 2022, Arauquita y Saravena muestran un alto riesgo de victimización, lo que sugiere una mayor probabilidad de que se vulneren los Derechos Humanos de esta comunidad.
Para Claudia Velandia, presidenta de la fundación Libélula LGBTIQ+ y quien también forma parte del Consejo Consultivo de Mujeres de Cúcuta, este tipo de violencia es por culpa de la desinformación.
“No hay campañas informativas ni detalles claros sobre la no discriminación. Lo importante de una campaña sería que promoviera el respeto, la tolerancia por el género, por el sexo, por la orientación, o el pensamiento”, afirma.
En cuanto a casos de violencia policial en contra de personas LGBTIQ+, se registró que este fenómeno no se limita a una región geográfica específica, sino que afecta diversas áreas del país.
Bogotá, con 67 víctimas, encabeza la lista, seguida por Antioquia con 34 y Norte de Santander con 10.
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Aunque el número en Norte es menor en comparación con otros departamentos, Caribe Afirmativo afirma que esta realidad subraya la necesidad de abordar la violencia y la discriminación de manera integral y urgente en toda Colombia.
“Uno cuando se siente amenazado no se acerca a la Policía porque uno piensa que ellos tienen un sesgo y es porque muchas veces desde la Fuerza Pública se violenta, se ejercen rechazos hacia la comunidad y quienes más lo viven son las personas trans”, según otro integrante de esa comunidad que se abstuvo de identificarse.
Por su parte, la Unidad para las Víctimas desde la Subdirección Nacional de Información reporta que entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2023 fueron incluidos 926 personas de la comunidad diversa en el Registro Único de Víctimas de las cuales 76 son de Norte de Santander.
Cabe mencionar que en la Defensoría del Pueblo hay una Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género que ofrece apoyo psicológico, jurídico y asistencial para acompañar a quienes se les han vulnerado sus derechos fundamentales.
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“En la Defensoría regional hay una dupla de género y se hace el apoyo presencial, se escuchan a las personas, se les orienta la ruta que deben seguir para mitigar los riesgos de violencia y de amenazas contra la vida, lo mismo que para garantizarles que no se les pierdan los derechos”, explica Pepe Ruíz, defensor del pueblo de Norte de Santander.