Por el caso de los CDI que se proyectaron en los barrios Torcoroma, Siglo XXI, la Urbanización Cormoranes, Ciudadela El Rodeo y Comuneros, en Cúcuta, cuyo contrato estaba fijado en $4.695.902.120, la Fiscalía pide la extinción de dominio de ciertos bienes que están a nombre de:
-El exalcalde Donamaris Ramírez.
-Jimy Galán Villamizar, secretario de despacho – Área Dirección de Fortalecimiento Corporativo para la época de los hechos.
-Irly Yessenia Sandoval Pacheco, subsecretaria de despacho y secretaria Privada de la Alcaldía de Cúcuta.
- John Fredy Maldonado Peñaranda, representante Legal de la UT CDI 2013.
- Constructora Marmal S.A.S.
-César Augusto Martínez Álvarez, director de obra y socio de Marmal S.A.S.
-Oswaldo Grajales Rosas, secretario de Infraestructura Municipal.
- Felipe Andrés Gómez Sánchez, representante legal Unión Temporal UT Colva, encargados de la interventoría
-German Francisco Colmenares Rojas, director de la interventoría.
Corporación América Barí
Con relación al contrato No. 0965 de 2016, cuyo objeto era “Contratar los servicios de un operador que garantice el programa de emprendimiento y generación de empleo con equidad de género en el municipio de Cúcuta” y el cual tenía un valor $16.499.930.833, fueron aplicadas en septiembre de 2023 medidas cautelares sobre bienes del exalcalde César Rojas, Carlos Alberto Salcedo Salazar, representante legal de la Corporación América Barí e Isabel Márquez Rubio, quien fuera la secretaria de Equidad de Género para la época de los hechos.
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La Fiscalía está pidiendo ahora que se confirme la extinción de dominio sobre los bienes embargados, como quiera que: “las irregularidades encontradas en este contrato desde los estudios previos, por falta de planeación, por no existir una verdadera necesidad, por lesionarse los principios de transparencia responsabilidad, selección objetiva, y economía entre otros, canalizaron un detrimento patrimonial del erario público, atentándose contra la administración pública y además contra mecanismos de participación democrática al darse una corrupción al sufragante, al desviarse el objeto del contrato y disponer de los empleados para fines electorales (sic)”.