Irónicamente los resultados operacionales de los últimos meses agudizaron el hacinamiento en el centro de reclusión transitoria del Segundo Distrito de la Policía en el municipio de Ocaña.
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En consejo de seguridad, el mandatario local, Emiro Cañizares Plata, expuso las precarias condiciones vivida por los sindicados en las celdas y anunció la gestión con el Gobierno nacional y la embajada americana para remediar la problemática que ocupa a un gran número de uniformados.
Las carceletas están diseñadas para albergar 25 personas privadas de la libertad y en actualidad existen 120 internos por distintas circunstancias, lo que desborda la capacidad instalada, agregó el alcalde.
También se reclamó la celeridad en la construcción del Centro de Operaciones en la vía circunvalar para albergar todas las especialidades de la Policía Nacional con el fin de brindar protección a todos los habitantes de la región y disminuir los índices de criminalidad.
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“Avanzamos en un trabajo articulado y hemos tenido visitas al sitio para resolver las dificultades para que esa edificación sea una realidad en este periodo de gobierno. Visitamos la dirección nacional de la Policía explicando en contexto la importancia de esa ejecución”, recalcó Cañizares.
Cárcel en similares condiciones
El director del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria, abogado Gilbert Fabián Quintero Ibáñez, busca alternativas para mitigar en parte la situación, sin embargo, no son ajenos a ese fenómeno debido al crecimiento de la población en el penal.
“Estamos en conversaciones y hemos tenido varios encuentros incluso a nivel nacional para remediar el hacinamiento, pero los índices superan el 85 por ciento. Está habilitada para 198 reclusos y en la actualidad existen 358”, precisó.
Una persona privada de la libertad le cuesta al Estado 2 millones 750 mil pesos mensuales y en calidad de sindicado la carga es superior ya que se le debe garantizar los derechos del traslado con guardas de seguridad para asistir a las audiencias públicas, recalcó el funcionario.
“Es obligación de la cárcel recibir a los condenados y la responsabilidad de los indiciados compete única y exclusivamente al municipio. Sin embargo, se pueden suscribir convenios con el Fondo de Seguridad Territorial, Fonset, para el manejo de esa figura. Existe un rubro por 30 millones de pesos, pero esos recursos se quedan cortos ante la magnitud del problema”, recalcó.
Otro de los aspectos trascendentales para descongestionar el sistema carcelario corresponde a las acciones de los jueces de ejecución de penas, para aligerar las boletas de libertad, sin embargo, existen dos profesionales del derecho asignadas para la región quienes despachan desde Santa Marta y Cúcuta.
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El alcalde solicitó el aumento de personal para resolver los casos y asignar a un funcionario permanente de la Defensoría Regional del Pueblo para que atienda con mayor rapidez los requerimientos de las autoridades competentes.
¿Ampliar o trasladar la cárcel?
Los conflictos sociales registrados en la zona del Catatumbo repercuten en Ocaña como epicentro de la dinámica de seguridad y se requiere un tratamiento especial implementando programas encaminados a la resocialización de los internos.
Durante muchos años se ha hablado de la ampliación de la cárcel con la construcción de más celdas, ya que tiene media hectárea disponible o en su defecto la reubicación en las afueras de la ciudad.
El representante a la Cámara, Wilmer Guerrero, propuso la construcción de un Centro Penitenciario que reúna las condiciones de seguridad.
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El alcalde ha tocado las puertas de los ministerios para la ampliación de la infraestructura y adecuación de talleres y proyectos productivos. “Visité la embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Bogotá buscando el apoyo, incluso con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y el titular de la cartera de Justicia, Néstor Osuna Patiño para solventar el problema carcelario de los últimos años que se debe resolver dentro del Plan de Seguridad Ciudadana”, puntualizó el mandatario local.
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