![Niñez migrante ‘No podemos ser indiferentes con la niñez migrante’./FOTO: Cortesía](/sites/default/files/styles/portada_principal_747x420/public/2021-04/ni%C3%B1os%20migrantes.jpg?itok=zgya9u05)
![La opinión](/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2021-02/LOGO%20nuevo%20LA%20OPINI%C3%93N%20%281%29.png?itok=0c_xrXa1)
"Siento un nudo en la garganta cuando veo pasar a las familias caminantes acá en Pamplona y aunque quiera ayudarles no puedo ofrecerles nada”, relata Paulina*, 15 años. “Se me salen las lágrimas al verlos y aunque fue duro dejar mi país, y acá luchamos día a día por sobrevivir, cada día veo que hay niños y niñas migrantes que ni siquiera tienen un techo para pasar la noche”.
Este breve relato de Paulina*, una de las 1.742.927 migrantes venezolanas que ha llegado a Colombia en busca de mejores oportunidades de vida, representa fielmente la dramática realidad de miles de niños, niñas y adolescentes que se han visto obligados a salir de su país de origen, quienes se asientan generalmente en los departamentos de frontera, y Norte de Santander no es ajeno a esta realidad.
La niñez que representa el 25 % del total de migrantes venezolanos residentes en Colombia, migran en condiciones cada vez más extremas, pues además de las barreras económicas y sociales, gran parte de ellos y ellas siguen llegando a sus países de destino sin redes de apoyo ni acompañantes lo que los hace más propensos a riesgos de explotación sexual y laboral, reclutamiento de grupos armados, violencia basada en género (VBG), entre otras afectaciones, ante las cuales no podemos ser indiferentes.
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De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre 2018 y 2020 han ingresado al proceso administrativo de restablecimiento de derechos 5.558 niños, niñas y adolescentes venezolanos refugiados y migrantes, de los cuales el 58 % corresponde a niñas y el 42 % a niños.
La violencia sexual continúa siendo el motivo de mayor ingreso con un 25 % seguido por omisión y negligencia con 19 % (1.075); falta absoluta o temporal de los responsables 10 % (538); y niños, niñas y adolescentes no acompañados 9 % (512), entre otros.
Esta falta de acompañamiento por parte de sus padres, madres, familiares o cuidadores, el contexto propio de las ciudades fronterizas, la falta de oportunidades, y las necesidades básicas insatisfechas, son las que terminan llevando a niños, niñas y adolescentes a ser utilizados en acciones delictivas y denigrantes.
En Norte de Santander por ejemplo entre 2018 a 2021, la Defensoría del Pueblo ha reportado 11 alertas por reclutamiento y utilización, mientras que organizaciones de la sociedad civil como Coalico, registran un incremento de 2 eventos en 2018, a 4 en 2019 y 4 más en 2020.
Entre 2017 y abril de 2020, se registra el ingreso de 965 adolescentes y jóvenes venezolanos al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, principalmente por porte de armas, y tráfico de estupefacientes de los cuales: el 83 % son hombres y el 17 % son mujeres, lo que señala su uso y utilización por parte de organizaciones criminales aprovechando su situación de desprotección e irregularidad.
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Articular esfuerzos y acciones
Para responder de manera oportuna a los riesgos cambiantes a los que se expone la niñez migrante y de comunidades receptoras, Save the Children ha venido actualizando su respuesta humanitaria mediante una evaluación de necesidades en cuatro departamentos del país, entre ellos Norte de Santander.
![Niñez migrante En Norte de Santander por ejemplo entre 2018 a 2021, la Defensoría del Pueblo ha reportado 11 alertas por reclutamiento./FOTO: Cortesía](/sites/default/files/styles/portada_principal_747x420/public/2021-04/MIGRANTES%20NI%C3%91OS-02.jpg?itok=I0yaauLL)
En los departamentos analizados, en el informe ‘Impactante panorama deja evaluación de necesidades realizada por SCC, frente a riesgos de protección para niños, niñas, jóvenes y adolescentes afectados por el conflicto armado’ realizado por Save the Children, los niños, niñas y adolescentes destacan el temor al reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos armados y bandas criminales, las rutas a las escuelas son inseguras, el aprendizaje virtual es muy limitado (2 de cada 3 estudiantes de colegios oficiales no tienen conectividad) y persiste el temor a denunciar.
De los 363.126 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes venezolanos vinculados al sistema educativo colombiano, alrededor de 48.500 están matriculados en colegios oficiales de Norte de Santander. No obstante a este gran esfuerzo, algunas estimaciones señalan que el 53 % niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela, entre los 6 y 17 años, no tienen acceso a la educación formal en lo que limita no solo un aprendizaje digno sino también el acceso a alimentación y a un espacio seguro.
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La falta de información sobre sus derechos para el acceso a la educación, el temor por su condición irregular, los cupos limitados y situaciones de discriminación constituyen algunas de las barreras que enfrentan para que su derecho a la educación sea garantizado.
![María Paula Martínez María Paula Martínez, directora de Save the Children./FOTO: Cortesía](/sites/default/files/styles/portada_principal_747x420/public/2021-04/Mar%C3%ADa%20paula.jpeg?itok=oBDp6h0V)
María Paula Martínez, directora ejecutiva de Save the Children Colombia.
Como organización, Save the Children reitera su compromiso por redoblar esfuerzos para que los niños y niñas migrantes estén protegidos, aprendan y sobrevivan.
“La organización acompaña a las administraciones de 13 municipios y a la Gobernación de Norte de Santander en su fortalecimiento para el acceso a una educación segura y de calidad con énfasis de genero e inclusión, adaptado a contextos de conflicto y migración que contribuya a la protección integral de los derechos de los niños y su participación en las decisiones que los afectan”, detalla María Paula Martínez, directora ejecutiva de Save the Children Colombia.
Save the Children hace un llamado a la comunidad internacional para que apoye con mayores recursos el esfuerzo actual que permita responder al menos a las necesidades de protección de más de 248 mil niños, niñas y adolescentes priorizados en el Plan de Respuesta Regional a Migrantes y Refugiados 2021 (RMRP 2021).
Lo anterior para que la crisis migratoria y de refugiados de Venezuela no siga siendo la más desfinanciada en la actualidad (La comunidad internacional ha otorgado 10 veces más recursos a la crisis en Siria que a la de Venezuela). Durante el 2020 se logró financiar sólo el 30 % de los recursos necesarios para la respuesta a la migración proveniente de Venezuela. Sin contar lo que se requerirán dado recientes anuncios frente a Estatuto Temporal de Protección para Migrantes y la inclusión de los migrantes en los planes de vacunación en donde el rol de las oenegés es vital.
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“Apelamos a la corresponsabilidad entre la familia, el Estado y sociedad civil en la atención, cuidado y protección como garantes en el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes migrantes, que al igual que Paulina* tienen los mismos derechos que cualquier niño en el mundo”, agregó la directora ejecutiva de la fundación.
Redacción
Mariadelaida Uribe de Plaza
Gerente oficina Cúcuta de Save the Children