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Política
Jueces y magistrados no apoyan la Consulta Anticorrupción
Buscan lograr que los colombianos no salgan a respaldar el mecanismo de participación.
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Miércoles, 27 de Junio de 2018

A los promotores de la Consulta Anticorrupción, que será votada el próximo 26 de agosto, ya les aparecieron los primeros contradictores.

Se trata de la Corporación de Jueces y Magistrados, que ayer se inscribió ante el Consejo Nacional Electoral, con el fin de hacer campaña en favor de la abstención y lograr así que los colombianos no salgan a respaldar el mecanismo de participación.

El principal argumento de los togados para irse en contra de la iniciativa, es la propuesta que se establece en la Consulta, de limitar a un tope máximo de 25 salarios mínimos los sueldos de los altos funcionarios del Estado.

“La responsabilidad que tiene un juez en este país no es diferente a la responsabilidad que tienen los jueces en Latinoamérica, y si ustedes miran el nivel salarial de los jueces de Latinoamérica, nosotros somos los que no tenemos la mejor remuneración, porque es una de las más bajas”, aseguró el presidente de la Corporación, el magistrado Hermes Darío Acuña.

El funcionario señaló que la decisión es respaldada por todos los jueces y magistrados del país, toda vez que desde esta Rama se considera que la propuesta liderada por las congresistas de la Alianza Verde, Claudia López y Angélica Lozano, es equivocada.

“Varias de las preguntas están en la ley y se podrían desarrollar, y esta primera tiene el doble matiz de engañar a la gente, y además de eso, ayudar a que ese engaño le permita al país pensar desde el punto de vista populista, que esa es la solución”, consideró el jurista.

En la carta enviada al CNE solicitando la inscripción como promotores de la abstención, los representantes de la Corporación se amparan en la Ley Estatutaria de 2015, sobre mecanismos de participación, en la que se advierte que en las consultas populares, también se podrá promover la abstención.

La Consulta Anticorrupción pretende darle validez a siete mandatos en contra de las prácticas que atentan contra el erario de los colombianos.

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