Debido a los resultados operacionales de los últimos meses se encuentra desbordada la capacidad instalada de las salas de reclusión transitoria en el Segundo Distrito de la Policía en el municipio de Ocaña.
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Esa circunstancia obliga al alcalde, Samir Fernando Casadiego Sanjuán, implementar estrategias para mitigar el creciente hacinamiento en las celdas, diseñadas para 20 personas y en la actualidad hay 130 presos.
El mandatario local suscribirá un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) con el propósito de resolver el problema del hacinamiento en los calabozos de la estación de policía.
El nuevo director de la cárcel de Ocaña, abogado Gilbert Fabián Quintero Ibáñez, avanza en las diligencias para mitigar el sobrecupo pues en ese lugar también se reporta el fenómeno ya que solo caben 198 internos y se alberga 345 reclusos.
El comandante del Segundo Distrito de la Policía de Ocaña, mayor Luis Miguel Morales, indicó que la situación es bastante compleja debido a los problemas de salubridad y seguridad. “En este lugar están los indiciados a la espera de las audiencias para un fallo judicial.
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La Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personería, hacen revista para conocer la situación y requiere con urgencia analizar los casos. No cabe uno más”, reiteró.
Principio de acuerdo
La medida busca mejorar las condiciones de detención y garantizar el respeto a los derechos humanos de los detenidos en el municipio de Ocaña.
El alcalde manifiesta que siempre ha estado dispuesto en la firma del convenio, para poder agilizar esos trámites administrativos y la responsabilidad que tiene el ente territorial en estos aspectos.
“Habíamos tenido una serie de inconvenientes en el monto del convenio porque veníamos suscribiendo uno por 50 millones de pesos, se hacía una exigencia de 300 millones y el presupuesto es insuficiente”, agregó.
Al final y luego de los análisis respectivos se suscribe el acuerdo por 75 millones de pesos, avalado por los integrantes del Comité de orden público con asiento de todas las autoridades.
“Poco a poco empezar al recibo de los detenidos, de aquellos privados de la libertad que por distintas circunstancias están en la sala de reclusión del Segundo Distrito de la policía y lograr traslado hacia el Centro Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria”, recalcó.
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“Siempre ha sido nuestra voluntad actuar de acuerdo a las disposiciones legales, hemos tenido la intervención del Ministerio Público, Procuraduría, Personería y Defensoría del Pueblo para que no se vulneren los derechos de los detenidos”, recalcó.
El traslado gradual
Una vez refrendado el acuerdo entre las distintas entidades se adelanta el traslado gradual de los presos de acuerdo a los delitos cometidos.
En la medida que se vayan despejando los patios del centro penitenciario, se abrirá el espacio a los condenados, ya se coordina con la Juez de ejecución de penas las boletas de libertad o el beneficio de detención domiciliaria para la depuración del sistema y lograr la descongestión.
“Lo ideal es recibir diez personas semanales hasta octubre cuando expira el convenio, para refrendar uno similar hasta fin de año”, indica el abogado Gilbert Fabián Quintero Ibáñez.
Esos dineros servirán para adecuar las bodegas con la entrega de colchonetas para los internos, igualmente fortalecer los proyectos productivos dentro de los planes de resocialización.
El secretario de Gobierno, Jaime Velásquez Salamanca, resalta la conjugación de voluntades para el convenio interinstitucional para remediar el problema de hacinamiento vivido desde el año anterior.
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“Agradecemos ese acompañamiento y podemos dar esa buena noticia para tranquilidad que avanzamos positivamente con la firma del convenio”, puntualizó.
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