Ayer, cuando era esperada la continuación del juicio en contra de cuatro explosivistas de la columna móvil Ruiz Barí de las Farc, el caso dio un giro inesperado.

Se trata de Luis Antonio Rodríguez Garay, Carlos Álvarez Márquez y José de Dios Toro Martínez, detenidos el 8 de junio de 2012 en la vereda Los Cuervos, del corregimiento La Gabarra (Tibú).

Los tres hombres, junto a Rodolfo Julio Quintero (quien está libre, pero vinculado al proceso), fueron sorprendidos cuando desenterraban una caleta con armamento y material explosivo.

Según se conoció, un desmovilizado informó al Ejército sobre las presuntas intenciones de los cuatro hombres de atentar contra la base militar de La Gabarra e indicó la ubicación de las caletas, donde escondían el arsenal dispuesto para el ataque.

Con la información del día y la hora exacta en que serían desenterradas las caletas, los uniformados dispusieron de un operativo ‘relámpago’, que contó con un punto de observación al lugar indicado, adonde efectivamente llegaron los cuatro hombres.

Los militares les incautaron 100 kilos de explosivo R1, 15 minas antipersonal (tipo cilindro de 10 kilos cada una), 4 kilos de aluminio negro y  5 tarros con pólvora negra. Además, 7 fusiles, una ametralladora, 2 granadas, proveedores y dos radios de comunicación.

Para entonces, el general Juan Pablo Amaya, comandante de la Segunda División del Ejército, informó que efectivos del Batallón de Combate Terrestre 27 desarrollaron la operación contra los encargados  de la preparación y manipulación de explosivos.

Los detenidos fueron trasladados en helicóptero a Cúcuta y presentados ante el Juzgado Primero Penal Municipal que legalizó las capturas y les impuso medida de aseguramiento en prisión.

La Fiscalía les imputó los delitos de  rebelión (que incluyó el porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas) y empleo, producción y almacenamiento de minas antipersonal.

Preacuerdo

En la mañana de ayer, ante un juzgado especializado y antes de proseguir con la etapa probatoria del juicio, la Fiscalía informó la intención de Rodríguez Garay, Álvarez Márquez y Toro Martínez de acogerse a cargos, a cambio de un descuento en la pena (sexta parte) después de hacer manifestaciones de culpabilidad preacordadas.

Tras ser aprobado dicho acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de los procesados, resta esperar la sentencia condenatoria que será entre los 11 y 12 años de cárcel.

Respecto a  Rodolfo Julio Quintero, quien no se presentó a la diligencia, continuará el juicio en su contra con representación de su abogado.