Esta frase: “Dios está en todas partes, pero despacha desde Bogotá”, dicha el año pasado por el exgobernador del Meta para hablar del Estado centralista que ahoga a los territorios, concuerda con la cruzada que ha surgido para llegar a tener un nuevo modelo de país descentralizado con autonomía regional.

Algunos hechos puntuales han desatado ese debate, en donde obviamente Norte de Santander no es la excepción.

Fue en Antioquia donde empezó cuando el Gobierno Nacional reasumió las facultades mineras y el gobernador Andrés Julián Rendón planteó un referendo para darle mayor autonomía fiscal a las regiones.

Luego vino la gran derrota por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, que el presidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez, enmarcó dentro del centralismo que frena el progreso y que vino a provocar “otro costoso error monumental que evidencia incapacidad y alevosía”.

Lo que ha pasado en El Tarrita (Ábrego), donde el 31 de mayo de 2023 una avalancha arrasó con todo a su paso y cerró la carretera a la Costa Caribe, entre Cúcuta y Ocaña, es otra confirmación palpable de que el actual modelo ha sido desbordado y que la alternativa de las regiones autonómicas tal vez esté siendo hora de empezar a estructurarla.

Dos puentes metálicos reemplazaron las estructuras que fueron destruidas por el fenómeno natural, como solución presuntamente temporal, porque aunque lo que debería hacerse es transformarla en una vía de quinta generación con un proyecto de modernización de su infraestructura para mejorar la movilidad del transporte de carga y de pasajeros, no se conoce de un plan aprobado en ese sentido.

Y mientras a los damnificados tampoco les han cumplido, hay otro par de enunciados gubernamentales que no han salido del papel: la Universidad del Catatumbo y los planes de apoyo a los productores de hoja de coca en el Catatumbo, como lo prometió el presidente Gustavo Petro en una reunión con ellos en El Tarra.

Todos esos motivos, aunados al asfixiante centralismo que no actúa a la misma velocidad de lo que las necesidades regionales reclaman, son indicativos de que el cambio está en la descentralización administrativa y fiscal.

Luego bienvenido el debate sobre un aspecto contemplado en el artículo primero de la Constitución Política de 1991 que se refiere a Colombia como “República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales (...)”, que facilita la búsqueda de un nuevo modelo geopolítico.

Por ejemplo, la Ley 715 de 2001, sobre asignación de competencias y destinación de recursos, sería necesario reformarla y actualizarla a la nueva concepción que se está planteando.

En ese aspecto es lógico que la participación que tienen los territorios en los ingresos corrientes de la Nación debe ser igualmente corregida, ajustada y mejorada. Otra fuente esencial para que la descentralización y autonomía tengan el músculo necesario para evitarle reveses al esquema, es el de las regalías desde los pilares del uso eficiente de estos dineros y la reformulación para la distribución de las mismas en las regiones.

Tal vez las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), como la del Gran Santander sirvan de modelo para esa cruzada autonómica que incluso hasta en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que habla, entre otras cosas, de facilitar la coordinación articulación de acciones e inversiones sectoriales en el territorio, con el fin de estructurar programas y proyectos integrales que atiendan las particularidades regionales y promuevan su desarrollo.

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