Las Fuerzas Militares -con el Ministerio de Defensa a la cabeza- deberían de repensar la estrategia que aplican en el Catatumbo y más específicamente en uno de los municipios más martirizados por la violencia  como lo es Tibú, que  en 2020 fue el segundo con más homicidios en Norte de Santander y este año ya se encamina a mantenerse en ese mismo deshonroso sitial.

¿Será que la militarización y la operatividad activada no son la solución?, es una pregunta que se debe tener presente como eje del debate por la deteriorada situación de seguridad.  

Y es que a la luz de las cifras, la ola de homicidios parece haberse convertido en un elemento más del hermoso paisaje selvático de esa municipalidad con una población de 53.586 habitantes, que el año pasado registró 81 asesinatos, un número igual al ocurrido en Armenia, ciudad de aproximadamente 300.000 habitantes, y mayor que un departamento como Boyacá que tiene 1’287.032 habitantes, y en donde sucedieron 78 muertes violentas. 

Un observador desprevenido llegaría a pensar que como consecuencia de ese inusual y peligroso comportamiento los expertos tomaron la situación por los cachos y emprendieron las acciones desde todas las aristas para contener el accionar criminal. Pero no. Las mismas estadísticas prueban que todo va rumbo a empeorar. 

Detallando los datos de Medicina Legal sobre los asesinatos en Colombia, notamos como el territorio tibuyano disputa, con la misma fuerza en que son percutidas las balas, la consolidación de la curva de ascenso de su temporada sangrienta, tras la cual estarían los tentáculos de las disidencias de las Farc, entre otros actores.

En 2021, al sumar los 12 asesinatos confirmados por esa institución en los dos primeros meses, más 14 sucedidos en lo que va corrido de abril, lleva la cifra a los 26 muertos, en ese lapso, que ya equivale a más del 30% del total de homicidios que fueron reportados en 2020, lo cual advierte la incontrolable peligrosidad que campea en las calles y veredas tibuyanas.

Esa sombra de la muerte se lleva vidas como la de aquellos a quienes les dejan letreros acusadores por ser ‘ladrones’ o ‘drogadictos’ y pone en riesgo la de los demás mediante panfletos en los que se advierten de ataques contra presuntos paramilitares y sus auxiliadores, todo esto en medio de una conflictiva situación que también implica ataques a la Fuerza Pública.

Una lectura de lo que pasa es que allí se refleja la confluencia malévola de las diversas formas de violencia como son los carteles mexicanos de las drogas, la disidencias de las Farc, los paramilitares, las bandas criminales, la guerrilla, el tráfico de armas y el contrabando, que finalmente lleva a la población civil a  quedar en medio de la violencia.

Así como están las cosas en Tibú, se requieren determinaciones gubernamentales más allá de puestos de mando unificado o los consabidos consejos de seguridad, porque todo esto, como en el pasado, llevará inexorablemente a los desplazamientos masivos, los riesgos de masacres, a más muertes selectivas, al reclutamiento forzado y a un ambiente de tensión de impredecibles consecuencias.

Lamentablemente nuestro Tibú se ha convertido en un territorio de muerte, en el que los 26 asesinatos confirmados por Medicina Legal, ya lo ponen este año por encima de los departamentos de Arauca con 22 muertos en dos meses, Boyacá con 13 y Caldas con 21. Es hora de que la Gobernación y la Alcaldía lancen una voz de alerta nacional e internacional, para prevenir y contener este baño de sangre.