Cúcuta no puede ni debe ceder ante la criminalidad que acaba de marcar la semana que termina como una de las más inseguras, en medio de una ya de por sí constante ola de inseguridad que requiere acciones contundentes e inmediatas.

Que los pistoleros actúen a plena luz del día, en zonas institucionales y comerciales de alto flujo de personas y vehículos, indica que son asesinos profesionales a sueldo que planifican sus ataques sicariales siguiendo órdenes de poderosas organizaciones criminales.

El miedo y la zozobra que se apoderan de los ciudadanos adquieren niveles críticos al reconfirmarse que el microtráfico alimenta la violencia.

La reciente masacre, en la que el ajuste de cuentas por el narcomenudeo es la hipótesis que manejan las autoridades, exacerba esta situación.

Surge aquí una encrucijada en el alma, puesto que al revisar las estadísticas sobre masacres en Colombia, se advierte que Cúcuta es una de las pocas capitales de departamento donde ocurren con frecuencia, hecho que debe encender las alarmas.

A lo anterior hay que sumarle que entre el asesinato múltiple sucedido en el barrio Caño Limón el viernes pasado y el ocurrido el 13 de abril en la ciudadela Juan Atalaya, apenas ha transcurrido un mes, lo que nos muestra los peligrosos niveles a los que ha escalado la violencia en pleno casco urbano de la ciudad más importante en la frontera con Venezuela.

Esto ya no es una percepción sino una realidad inocultable: las calles no son seguras, al ser tomadas por el hampa que, a sangre y fuego, quiere demostrar su poderío y amedrentar a los indefensos ciudadanos que temen salir de sus casas. Razón tienen quienes advierten que muchos de esos hechos criminales que sacuden a la región son motivados por el narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando y la corrupción, entre otros delitos que se han enquistado en esta parte del país. A esta dinámica del crimen hay que ponerle freno.

Urgente resulta entonces que las autoridades metropolitanas y departamentales, junto con los ministerios de Defensa y de Justicia, la Policía Nacional y la Fiscalía, declaren una especie de emergencia en Cúcuta para fortalecer la lucha contra las bandas transnacionales que hoy campean en la capital nortesantandereana.

Hay que anticipar ya todo eso de lo que se ha venido hablando: más cámaras de vigilancia, buena parte de ellas dotadas con inteligencia artificial y sistemas de identificación biométrica.

También el uso de drones para la vigilancia y acción contra los delincuentes debe salir del discurso y convertirse en una realidad inmediata, porque lamentablemente la percepción es que en la ciudad estamos muchos pasos atrás de los criminales.

Ya que mencionamos al Ministerio de Justicia, es para volver a decir en nombre de los cucuteños, que ¡por favor! aíslen o hagan valer el régimen penitenciario para los condenados, puesto que hay advertencias de que ‘Porras’ sigue delinquiendo y dando órdenes desde la cárcel a los miembros de su banda que se encuentran en Cúcuta.

La importancia de los consejos de seguridad es indiscutible, pero ahora es el momento de transformar los anuncios en acciones concretas. La ciudadanía espera ver resultados tangibles y efectivos. Trabajemos juntos, autoridades y comunidad, para enfrentar esta situación altamente complicada y delicada, y devolverle la tranquilidad a nuestras calles cucuteñas.

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