La mutación de la inseguridad en Cúcuta está llegando a peligrosos extremos de irnos empujando a lo vivido por El Salvador, que prácticamente estuvo bajo el dominio de poderosas y violentas pandillas.

Grafitis de bandas delincuenciales como los AK47 en muros del centro de la ciudad, en una clara intención de marcar territorio, es indicativo de que estas organizaciones avanzan en su abierto desafío a la institucionalidad y a las autoridades.

O que alias Porras, jefe de una organización delincuencial desde su celda en la cárcel haya ordenado 200 homicidios y ahora emita un panfleto para admitir que ‘la Familia P’ es “una estructura delincuencial y criminal”, ratifica la volátil situación que en materia de seguridad ciudadana atraviesa la capital de Norte de Santander.

Y, lo nunca antes visto, que estas organizaciones de multicrimen han llegado al extremo de amenazar de muerte al alcalde Jorge Acevedo y la comandante de la Policía Metropolitana, coronel Sandra Mora, quienes están al frente de una lucha sin cuartel contra todos los factores generadores de violencia en la ciudad.

Como si no bastara el intimidante video en que fue asesinado un habitante de calle a manos del miembro de una banda, ahora llegamos al clímax de la peligrosidad porque varias de esas organizaciones hicieron alianza para quedarse con todos los territorios de la ciudad, vender drogas ilícitas, cometer extorsiones y otra clase de delitos.

Lo que está ocurriendo en la ciudad ya ha empezado a darle la vuelta al mundo al captar la atención de la prensa internacional, como por ejemplo El País de España que tituló: “Las bandas binacionales amenazan al alcalde de Cúcuta, la ciudad fronteriza desbordada por el crimen”.

Un cálculo dado a conocer por Acevedo, luego de que una organización dedicada a la extorsión atacara con granada un negocio, indica que en la más importante capital en la frontera con Venezuela se han identificado 25 bandas criminales, entre las que también se encuentra el temible Tren de Aragua.

Deben activarse todas las formas en la lucha judicial, policial y de inteligencia para desbaratar esas organizaciones, para lo cual podría llegar a pensarse en una especie de bloque de búsqueda dedicado especialmente a ir tras sus cabecillas e integrantes.

Necesariamente también debe de haber una coordinación con los organismos policivos y judiciales venezolanos para contar con una política bilateral que facilite la persecución, detención, judicialización y condena de aquellos que cruzan a lado y lado de la frontera a cometer hechos delincuenciales.

Lógicamente, el apoyo del Gobierno Nacional es indispensable para que se logre la derrota de ese nuevo mutante que hoy crece en las comunas y barrios de Cúcuta, en los que quiere hacerse con el poder e imponer sus condiciones.

El Estado no puede ceder un ápice del territorio urbano cucuteño. Las fronteras invisibles no son una opción. Las calles, parques y vías son de los ciudadanos de bien, y el único poder reconocido es el de las instituciones legalmente constituidas.

Es urgente que la ciudad logre salir airosa de este capítulo violento que se suma a los que ya se han escrito con las guerrillas, que aún persisten, o con los paramilitares.

La seguridad es necesaria para facilitar que fluya la inversión y que la ciudad sea realmente vista como polo de desarrollo económico y social, asunto en el cual la Alcaldía y las autoridades del Ejército, Policía y judiciales, cuentan con el respaldo ciudadano, puesto que esa es una de las mayores inquietudes expuestas por los cucuteños.

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