“Estamos presenciando la destrucción del mayor avance social del país”, fue la lapidaria notificación de la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi),  Ana María Vesga, luego de que la EPS Sura anunciara la decisión de pedir su salida del sistema de salud colombiano.

Aquí se vislumbra un problema de talla mayor puesto que la entidad cuenta con 5.5 millones de usuarios a quienes no se les pueden cercenar los derechos  a un eficiente servicio de atención médico-asistencial, suministro de medicamentos, tratamientos e intervenciones especializados.

Y hay algo mucho más delicado. Según el propio gerente, Pablo Otero, “la población con cáncer en EPS Sura es tres veces mayor que en otras EPS”. ¿Se imaginan esto?

Este solo aspecto de pacientes con enfermedades tan graves como esa, de por sí debe llamar al Gobierno Nacional a revaluar su manera de actuar frente a lo que está ocurriendo con el sistema de salud, puesto que desde junio del año pasado las EPS Compensar, Sanitas y Sura le habían advertido sobre la profunda crisis financiera que las agobia.

La desesperada determinación tomada por Sura es una confirmación de que las autoridades desatendieron y no hicieron nada para tratar males como la siniestralidad desbordada, pérdidas acumuladas, descapitalización, descalce de sus reservas técnicas y una deuda creciente con los prestadores de servicios, como hospitales e IPS.

Con esta gigante EPS en el sendero de una posible liquidación, la presidenta de Acemi recuerda que la principal generadora de ese deterioro indetenible es la insuficiencia de la prima reconocida por la Nación y el hecho de que haya pasado un año sin que se tomaran acciones para corregir el rumbo.

Aunque el Gobierno Nacional manifestó que la crisis de las EPS es el resultado de “problemas estructurales y sistémicos que se han acumulado a lo largo de los años, y no a situaciones coyunturales recientes”, el gremio de las EPS lo rebatió. “El ajuste de la UPC impuso mayores cargas a las EPS y destinó crecientes recursos a fines distintos a la atención en salud de la población”, fue la observación de Vesga.

Debido a todo lo que está ocurriendo, la Andi y las Cámaras de la Salud elevaron una solicitud a la Corte Constitucional para que ampare los derechos fundamentales de la población en el marco del seguimiento a las órdenes estructurales vigentes.

Los colombianos tienen ahí un ‘espejo’ de las fallidas determinaciones adoptadas por el Gobierno Nacional que como en este caso del sistema de la salud, incluyendo el de los profesores, lo que ha generado es la percepción de que se está llegando a la destrucción de lo existente.

Un plan de atención de emergencia es indispensable que se ponga en marcha en una acción concertada entre el Gobierno Nacional, las EPS, los gremios y el Congreso de la República para evitar que siga profundizándose la inestabilidad en el actual sistema de salud.

Es urgente la activación del plan de salvamento para solucionar las enfermedades financieras del sistema de salud de Colombia porque de lo contrario podrían venir tiempos más difíciles y complicados para los pacientes. Es más, entre todos debería construirse la reforma a la salud, sin los ‘pecados’ que han sido advertidos en el proyecto gubernamental.