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Editorial
¿Quién vigila en Cúcuta?
¿Dónde van a meter a 7.000 vendedores que, según la Justicia, deben ser reubicados, a fin de no violarles su derecho al trabajo? 
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La opinión
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Domingo, 12 de Mayo de 2019

En Cúcuta, cualquiera puede violar las normas que desee, y si no tiene muy mala suerte, logra los propósitos que le provoquen, sin que encuentre oposición ni de la sociedad ni de las autoridades. Menos de las autoridades, y mucho menos si esas autoridades son las que tienen la obligación de controlar las calles.

Que en la ciudad haya 7.000 vendedores ambulantes, a más de ser una cifra escandalosa, es señal de que en los últimos años, a nadie, en el Gobierno local, le ha importado nada que cualquiera se adueñe de un trozo de espacio público y, con total desfachatez, se haga dueño y comience a ganarse la vida.

A propósito, vale una pregunta: ¿dónde van a meter a 7.000 vendedores que, según la Justicia, deben ser reubicados, a fin de no violarles su derecho al trabajo? Son tantos vendedores como habitantes de un pueblo chico. ¿Qué van a hacer los funcionarios municipales obligados a garantizarles a todos los ciudadanos el goce del espacio público?

Pero, hay otro tipo de abusadores que a la Alcaldía no le causan ni calor ni frío. Es como si no existieran, pese a que las faltas que cometen son inverosímiles, como la del restaurantero de Los Caobos que decidió construir su local en el andén, con el argumento de que ese espacio es suyo. Y ahí va con su construcción, porque si bien hay funcionarios que se dan cuenta de la falta, no se atreven a actuar.

El restaurantero argumenta que otros predios han extendido la construcción hasta donde él lo hizo, y nadie les impidió. Al parecer son antejardines encerrados por rejas bajas, que no violan norma alguna. Sin embargo, si tuvieran razón, no es más que consecuencias de lo mismo: el Municipio nunca se percata de que construyen donde no se puede, montan negocios donde no se debe, se apropian del espacio público, los parques, los separadores, para ganar dinero sin tener que pagar impuestos, y si acaso alguien reacciona, acuden ante la Justicia a que les tutele derechos fundamentales que no han sido violados.

El espacio público es inviolable, imprescriptible, es decir, nadie puede hacer de él su propiedad privada, es inenajenable, o sea que no se puede ceder, pero son estos, criterios válidos en cualquier parte, menos en Cúcuta, porque para ello, acá no hay autoridad alguna, no es ilegal nada de eso…

Si lo fuera, ¿dónde están los procesos judiciales para recuperar tantos que se han apropiado con casas que se toman más allá de lo legal? No los hay.

En algunas oportunidades, motivados por las denuncias de la prensa, por ejemplo, algunos funcionarios parecen reaccionar, y en medio de aspavientos y de declaraciones prosopopéyicas, dicen que a los violadores del espacio público, a los abusadores, les caerá todo el peso de la ley.

Pero, al final, todo no es más que reacciones de labios para afuera.

Es probable que al restaurantero le obliguen a demoler su obra. Pero, como consecuencia quedará una pregunta que valdría la pena que la Alcaldía responda: ¿en aras de la equidad, qué va a pasar, entonces, con otras construcciones que ya están terminadas, y que también se apropiaron de espacio que no les corresponde?

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