En Colombia hay la sensación de que al presidente Gustavo Petro ya no le gusta ni le sirve la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que parece estar interesado en propiciar la acción de un inexistente tribunal de cierre para todos los casos relacionados con el conflicto armado.
Lo absurdo de todo esto, es que ante la comunidad internacional, que ha jugado un papel protagónico para el apoyo a la búsqueda de consolidar la paz, estamos a punto de quedar como un país cuyo gobierno desconoce las mínimas funciones del Estado.
Lo anterior, porque Petro ha advertido que acudirá a la Organización de Naciones Unidas para notificar que en Colombia no se quiere cumplir una “declaración unilateral de Estado” suscrita ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
El presidente de la JEP, Roberto Vidal, frente a esa salida de Petro interpretó el asombro de los colombianos, y advirtió que algo así generará confusión en el mundo. “Por eso cuando el Gobierno con sus delegados han ido a organismos internacionales como el Consejo de Seguridad a hacer denuncias sobre el Estado colombiano, es como una autodenuncia, que produce un desconcierto gigantesco en la comunidad internacional”.
Pero aquí podría estarse corriendo el riesgo adicional de que al provocar dicha confusión el pacto de paz con las antiguas Farc caiga en otra especie de entrampamiento que lo conduzca a más problemas, puesto que no se saben los efectos colaterales que una exótica ‘autodenuncia’ de esas provoque en el seno del organismo multilateral.
Lo cierto es que la JEP es en este momento el sistema más adecuado de justicia transicional y de tribunal de cierre de la verdad, que hasta cuenta con un poderoso apoyo, como lo es la Corte Penal Internacional, motivo por el cual la ciudadanía y el propio Estado debe rodearla para que siga cumpliendo los objetivos.
Y hay algo más que tanto el presidente como aquellos que le han tenido animadversión a la JEP deben entender, que no se trata de un tribunal improvisado, puesto que como lo dijera el magistrado Vera, antes de que surgiera existe un acervo de 17 años de labores que en el mismo sentido han adelantado la Fiscalía, Justicia y Paz y la Corte Suprema de Justicia.
Lo anterior debe equivaler a que en el país no podemos llegar a tener un tribunal para ponerle punto final a lo de Mancuso, por ejemplo, o de otros sujetos y organizaciones con los que se quieran llegar a acuerdos y procedimientos dentro de la ‘Paz Total’.
“Respecto a las manifestaciones del presidente, nosotros respetamos, pero no compartimos, en el sentido en que la jurisdicción efectivamente constituye un tribunal de cierre para los actores para los que fue creada, nosotros definimos la situación jurídica de la fuerza pública y de miembros de las antiguas Farc de manera obligatoria y de terceros y funcionarios del Estado de manera voluntaria”, señala Vidal.
Siendo eso así, no hay que profundizar en probables discusiones bizantinas sino más bien como Estado avanzar y generar las acciones indispensables para potenciar los aspectos del acuerdo de paz relacionados con la reforma agraria, la transformación del territorio y la verdad judicial que ya tiene a la JEP para ejercer esa misión. tan importante.
Dejar en el ambiente que la JEP no le sirve o hacer un viaje a la ONU a autodenunciarse como máximo representante del Estado por no cumplir el acuerdo con las desmovilizadas Farc puede desembocar en un ‘golpe a la paz’ con graves efectos en las regiones.
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