Así como Cúcuta y la región, por primera vez en mucho tiempo se encuentran en el radar principal de la justicia en la lucha contra la corrupción, resultaría igualmente interesante que el departamento fuera sometido a la veeduría en cuanto a los gastos de las campañas políticas.

Lo anterior porque se oyen, con insistencia, afirmaciones en el país que muy pocos aspirantes a las alcaldías y gobernaciones, por ejemplo, han hecho la tarea  de subir a Cuentas Claras las cifras de los gastos utilizados para su labor proselitista.

Sin duda alguna, quienes quieran llegar a los diferentes cargos de elección popular, al menos deberían de tener una actuación transparente con la ciudadanía y su potencial electorado, dando a conocer los recursos utilizados, quiénes son sus financiadores y si van a respetar los topes fijados para debates electorales como el del 29 de octubre.

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha levantado las notificaciones, puesto que 246 candidaturas registradas para aspirar por las 32 gobernaciones, solamente 11, equivalente al 4%, han reportado información sobre ingresos y gastos de campaña.

Muchos dirán al menos en ese bajo volumen de quienes tienen la mira puesta en llegar a las diferentes gobernaciones deben estar algunos de quienes se encuentran en la contienda en Norte de Santander. En ese sentido hay malas noticias.

Al menos así se desprende de los datos recogidos por la MOE hasta el pasado 13 de septiembre, puesto que esa información solamente se relaciona con Atlántico, Caquetá, Antioquia, Casanare, Amazonas, Bolívar y Arauca.

¿Y entonces? Los señores candidatos a las diferentes magistraturas en el resto de departamentos deberían hacer un pacto por la transparencia y dar a conocer esos datos que deben ser de conocimiento público y sobre los cuales no hay ninguna clase de impedimento jurídico para que se conozcan cuánto se han gastado en reuniones, vallas, manifestaciones y  en otra serie de actividades propias de la jornada proselitista.

Actuar diáfanamente tanto frente a las autoridades como ante la comunidad es algo que se esperaría ocurriera de manera natural y no esperar hasta que se comiencen a lanzar alertas, notificaciones y advertencias sobre la razón para que se  mantenga en medio de tanto misterio, algo que debe ser público para su seguimiento y escrutinio.

Según la MOE, no es clara la razón por la cual 171 candidaturas a gobernaciones, 348 a alcaldías de ciudades capitales y las 1.482 de otras alcaldías no se encuentran registradas, a pesar de que ya han pasado muchas semanas desde que arrancó la campaña.

“Del monitoreo realizado se evidencia que las candidaturas estarían incumpliendo lo dispuesto en la Resolución 4737 de2023 del CNE, en la que se señala que: las campañas electorales registrarán los asientos contables a más tardar durante la semana siguiente al día en el cual se hubiesen efectuado las operaciones”, fue el comentario de la Misión de Observación Electoral.

Como ocurre siempre en Colombia, esta es una problemática recurrente que se repite cada cuatro años sin que nada extraordinario ocurra, más allá de los consabidos debates sobre reformas electorales y financiación estatal de las campañas que se enredan para volver a quedar en lo mismo.

Todavía hay tiempo para que quienes desean alcanzar cargos elección popular reaccionen y cumplan con requisitos tan simples como el de referenciar sus gastos. No es mucho pedir y en cambio sí la democracia en el país se vigorizará.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion