La guarda y promoción de los Derechos Humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, es la misión que les corresponde desempeñar a los personeros municipales que en estos días se encuentran en el ojo de la opinión ciudadana.

En contraste con semejantes tareas que ellos tienen a cargo  en defensa del ciudadano, está la siguiente pregunta: ¿Por qué elegir personero por parte del Concejo, en 1.103 municipios, se ha convertido en un trámite lleno de cuestionadas actuaciones?

Cúcuta, Bogotá y Hacarí, por ejemplo, aparecen en ese panorama donde la presunta falta de transparencia y una debilitada meritocracia aparecen como señales de que estos concursos se han alejado de las normas que los regulan.

Para el caso de la capital de Norte de Santander hay que recordar que lo sucedido con el  proceso, que por orden de una tutela se frenó la elección y determinó volver a hacer las entrevistas de los elegibles, no es nuevo. Hace cuatro años también la ciudad asistió al mismo espectáculo de un traumático procedimiento.

Estos bochornosos casos no le hacen nada bien ni al Concejo ni mucho menos a la Personería que es la entidad encargada de vigilar que en el orden municipal se cumpla la Constitución y defender los intereses de la sociedad.

La figura del personero no debe tener tacha alguna, ni de él como persona o profesional, ni tampoco del desarrollo del proceso para llevarlo a ese cargo, porque su actuación desde ese despacho puede verse debilitada.

¿Por qué nos resulta tan difícil cumplir los procedimientos legales sin amaños ni ‘jugaditas’ que luego dejan en el ambiente el tufillo de la politiquería? ¿Será necesario que haya un reforzamiento en los castigos disciplinarios y judiciales en casos como estos?

Que los jueces de la República, tan ocupados que andan por estos días con el cúmulo de procesos en sus despachos, tengan que dedicarse a recordarles a los concejos la forma de proceder para elegir personero, también llena de desconcierto y anota un punto negativo sobre esas corporaciones administrativas.

Están en mora la Función Pública y la Procuraduría en, por lo menos, emitir pronunciamientos con las respectivas advertencias, sobre la necesaria transparencia,  probidad y rigurosidad en el cumplimiento de los distintos trámites para llegar a elegir al titular de la Personería, como lo estipulan la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 1083 de 2015.

Que la elección de un funcionario que tiene la misión de representar al pueblo esté sumida en escándalos, demandas e impugnaciones,  también deja mal parada a la institucionalidad local ante la comunidad en general que recibe el mensaje -equivocado o no- de que detrás de todo eso se ocultarían probables intereses.

Sea cual fuere el desenlace, es indispensable la sensatez y la diafanidad en las determinaciones que se tomen desde una institución tan importante para la democracia local como lo es el Concejo, donde sus honorables miembros están al servicio del pueblo mediante el desarrollo de sus funciones y responsabilidades acatando la Constitución Política y las leyes de la República.

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