La angustia que se ha apoderado de muchos hogares de Norte de Santander porque no les alcanza para los servicios públicos y porque cada vez se atrasan más con el pago de la vivienda, es un indicativo de la pérdida del poder adquisitivo que los afecta desde tiempo atrás.
Las secretarías de Desarrollo Económico, de Bienestar Social, de la Mujer y todas las demás entidades municipales y departamentales relacionadas con los planes para mejorar las condiciones de vida de la comunidad, tienen ahí mucho por hacer.
Deben basarse en la Encuesta de Calidad de Vida 2023 que llevó a cabo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Ahí se encuentran los datos precisos sobre un asunto en específico que es marcador de la pobreza, relacionado con los ingresos mensuales frente a los gastos de sus necesidades básicas, que arrojan un marcador altamente deficitario.
El hecho de que al 40,7% de los jefes de hogar no les alcancen los recursos para atender lo que requieren sus familias, en el departamento, debe llamar a la reflexión y a la toma de acciones puesto que ahí se está acumulando un problema social de proporciones, como es el marcado deterioro de las condiciones de vida y la caída dentro de las líneas de pobreza.
Como la única manera de generar motivación hacia la búsqueda de soluciones a hechos de esta índole es ponerle rostro a las estadísticas, nos debe doler que sean 209.198 familias nortesantandereanas, según la medición del DANE, las que se encuentran atravesando esa crítica situación.
Y otro elemento que debería motivar a las administraciones departamental y municipal a actuar, es que del total de 514.000 familias que residen en Norte de Santander, es que el 25,8% avizora una situación peor, dentro de un año, el 52% piensa que será igual y únicamente el 22% es optimista frente al futuro, indicando que será mejor o mucho mejor.
Esta clase de documentos que contienen datos socioeconómicos actuales y novedosos no deben quedarse por ahí para utilizarlos como discurso político o con el fin de defender posiciones de uno u otro matiz, sino como materia prima para la toma de decisiones.
Dejar pasar por alto que poco más de la mitad de los jefes de familia de Norte de Santander cubre sus necesidades mínimas con la remuneración mensual solo llevará a que en poco tiempo seamos sorprendidos porque la pobreza extrema, la desigualdad y las brechas sociales podrán llegar a escalar hacia niveles históricos.
Para enfrentar esta dificultad las políticas que se estructuren desde lo local deben ser de largo plazo con el fin de que tengan un fuerte impacto que ayude a superar ese problema detectado, que está estrechamente ligado con la calidad de vida de los hogares.
Las medidas deben ir desde el aumento del gasto social por parte del Estado hasta los planes de índole estructural para vigorizar el tejido empresarial, el empleo, el combate a la informalidad y para prevenir la deserción de las aulas.
Pero también hay que revisar asuntos como el reajuste mensual de los combustibles, las altas tarifas de los servicios públicos y sus efectos sobre el ingreso de las familias, para determinar acciones que reduzcan ese efecto que las está llevando a tener problemas para cumplir sus compromisos.
Hay que cerrarles las rendijas al acelerado deterioro social que al final del tiempo termina convirtiéndose en caldo de cultivo para otros males como la inseguridad, el microtráfico y diversas economías ilegales.
