"Expropiar es robar”, fue la frase utilizada para confrontar al entonces presidente Hugo Chávez por parte de la líder opositora, exdiputada y aspirante presidencial venezolana, María Corina Machado, en 2012, quien ahora lucha por llegar a la Presidencia, en medio de las argucias utilizadas por el gobierno vecino para cerrarle el camino a Miraflores.

El haber encarado de esa forma a quien hace más de once años era considerado intocable, casi un dios, catapultó a la dirigente que hoy se muestra como una carta para buscar arrebatarle el poder al régimen chavista que acaba de cumplir un cuarto de siglo manejando los hilos de la otrora boyante nación petrolera.

Sin embargo, el fantasma de la antidemocracia que campea en Venezuela la ha puesto contra las cuerdas por la inhabilitación de quince años que le fue ratificada, como método usado para sacar del camino a quienes son considerados de alto riesgo para la estabilidad y permanencia del régimen de Nicolás Maduro.

Si la comunidad internacional lo ha desconocido porque estos trece años de Maduro en la Presidencia están lejos de la democracia y cercanos a la dictadura y la tiranía, no hay razón valedera para impedir que las elecciones sean libres, democráticas y realmente participativas.

A qué le teme el chavismo si en el tarjetón aparecen María Corina Machado o Enrique Capriles  (otro de los inhabilitados). A nada, debe ser la  respuesta obvia desde la democracia, puesto que a la oposición hay que ofrecerle las garantías constitucionales para el ejercicio de elegir y ser elegidos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto en evidencia la persistencia en Venezuela de un ambiente de persecución que desalienta el voto, al tiempo que reclamó adoptar medidas dirigidas a reconstruir la democracia y garantizar la participación política.

Hablando de exigencias y rechazos a este enturbiado panorama interno venezolano, que dio pie a la reactivación de algunas sanciones por parte de Estados Unidos, sorprende el silencio mantenido hasta el momento por el gobierno del presidente Gustavo Petro sobre la manera de actuar de su amigo Maduro y que le pida que haga todo para reconstruir la democracia.

La voz colombiana en este momento es necesaria como garante para el pueblo venezolano que ha vivido graves problemas como el del éxodo y refugio masivo para huir del régimen y las severas condiciones de crisis política, económica y social que precarizó sus condiciones de vida.

Solicitar el restablecimiento de la debida separación de poderes, garantías para la participación política y el fortalecimiento democrático es un deber de los buenos vecinos y no puede ser vista ni como intromisión en los asuntos internos ni como una manera de enturbiar las relaciones.

Por el contrario, este ejercicio diplomático puede ayudar a darle un nuevo aire a los diálogos Gobierno-oposición y servir de facilitador para que las inhabilitaciones sean levantadas y los venezolanos puedan ir a las urnas en unas elecciones presidenciales libres, justas y competitivas.

Que asuntos tan básicos como ese logren restablecerse, lógicamente marcarán el camino hacia una nueva Venezuela en que su tejido económico, social y político tendrá que ser reconstruido hasta llevar al país de nuevo a recuperar su potencial petrolero y a que vuelva a ser el más importante socio comercial de Colombia.

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