En el 2020, el invierno dejó huellas en Cúcuta, luego de que las fuertes lluvias ocasionaran el desbordamiento de la quebrada Tonchalá que, en medio de la oscuridad y mientras todos dormían arrasó con más de 80 viviendas y acabó con la vida de varias personas.
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Sin embargo, hoy, luego de más de 3 años, los damnificados continúan esperando que los reubiquen o les cumplan con el pago de los subsidios de arriendo, pues después de la tragedia quedaron en la calle y aseguran que, año tras año, tienen que “rogar” para que los escuchen, situación que no quieren repetir.
“Hemos tenido muchos contratiempos, porque en la anterior alcaldía, nos alcanzaron a dejar un contrato firmado para los subsidios de arriendo, pero eso se venció y hay muchas personas a quienes no les llegó el pago completo, como 15 familias con arriendos antiguos”, dijo Said Lozano, presidente comunal del barrio 23 de Enero, una de las zonas más afectadas.
El líder comentó que están preocupados, porque con la actual Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres no han obtenido respuestas muy claras y ha sido difícil comunicarse con el nuevo jefe de este despacho.
Situación que les afecta, pues aseguran que nunca son escuchados a tiempo y por ello se ven en la obligación de realizar protestas e irse hasta las últimas instancias, pues aunque muchos olvidaron lo sucedido en ese año, cientos de familias hoy siguen luchando para seguir adelante luego de perderlo todo.
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“No hay claridad ni con el pago de arriendos, ni con la reubicación que nos prometieron, porque a pesar de que el Gobierno nacional vino desde Bogotá a hacer una reunión y nos dieron palabras de alivio, en eso se quedó, porque hasta la fecha no nos han informado nada”, agregó el líder comunal.
Los damnificados aseguran que han tenido que pagar de sus recursos los arriendos, para evitar ser desalojados, pues se firman contratos por algunos meses, pero la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) no gira los recursos completos o los asigna fuera de tiempo.
Lozano indicó que muchos tienen retrasos de tres y seis meses, precisando que en noviembre y diciembre no llegaron todos los pagos.
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