Esta semana se aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo que crea una jurisdicción especial para mujeres, una iniciativa de nuestra autoría y que firmaron más de 50 mujeres congresistas de todos los partidos. Con esta jurisdicción buscamos emprender una lucha frontal contra la impunidad de los delitos de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

De lograr los 7 debates restantes para que se apruebe la jurisdicción, mujeres y menores víctimas de la violencia tendrán una justicia especializada con juezas o jueces formados para atender exclusivamente los casos de feminicidio, violencia intrafamiliar o violencia sexual en contra de una población que se encuentra en un estado de emergencia por las cifras alarmantes en materia de violencia.

La urgencia de este proyecto radica en los problemas estructurales de la justicia, para atender y dar una respuesta efectiva. Las trágicas cifras así lo demuestran: cada 34 minutos una mujer es víctima de violencia intrafamiliar, cada 33 minutos una mujer es víctima de violencia sexual y cada 18 horas una mujer es víctima de feminicidio.

Las cifras de impunidad son alarmantes: en casos de violencia sexual el 3,4% está en ejecución de penas y en violencia intrafamiliar solo el 6%. Solo 1 de cada 3 feminicidios termina en sentencia condenatoria, y ni hablar de los subregistros. Según los datos de la última encuesta demográfica y de salud de Profamilia, el 76,4% de las víctimas entre los 13 y 49 años nunca han pedido ayuda, solo el 20% presenta denuncia.

Lo más escalofriante es el estado de vulnerabilidad de violencia, explotación y abuso en el que se encuentran nuestras niñas, niños y adolescentes en este país, una situación compleja y dolorosa.

Por eso es importante establecer frentes de lucha para brindar protección a nuestros niños. La explotación sexual es un problema muy serio que cruza todas las fronteras y que demuestra lo enferma que está nuestra sociedad.

Los menores son víctimas de las peores violaciones de los derechos humanos: la trata de personas, y la explotación sexual especialmente a los niños, niñas y adolescentes; un delito, que, según la ONU, se ha triplicado.

En Colombia somos testigos de cómo explotan sexualmente a nuestras niñas y niños. ¡Qué indignación que no seamos una potencia del turismo por nuestros paisajes, playas o diversidad precisamente si no por turismo sexual, extranjeros que viajan buscando niñas vírgenes y por lo que están dispuestos a pagar millones y millones para abusarlas!

Estos delincuentes deben saber que no la tienen fácil y que tendremos una justicia especializada para que ningún caso quede en la impunidad.

En Colombia necesitamos con urgencia resolver la lentitud de nuestro sistema judicial, las mujeres y niños deben tener una especial atención. Por eso esta jurisdicción incluye niños, niñas y adolescentes víctimas de todo tipo de violencia. Tenemos una gran oportunidad para cambiar la realidad de las mujeres y niños, una población sujeta de especial protección y que tienen derecho a vivir libres de todo tipo de violencia y libres de impunidad.

Prevenir, investigar y sancionar la violencia es nuestro propósito con este proyecto, que la justicia llegue a los lugares más apartados y garantice una justicia especializada para mujeres y niños. Como congresista, estoy comprometida a lograr una reforma a la justicia con enfoque de género. No puede seguir siendo la casa el lugar más inseguro para las mujeres y niños.

Este no es un tema de ideología, la violencia no distingue estratos, ni color político, no conoce de ubicaciones geográficas. Por eso continuaremos adelante, socializando, escuchando a las comunidades y la academia, en mesas técnicas dialogando con la rama judicial y demás actores del sistema, para lograr una solución real y efectiva a quienes son las mayores víctimas de la violencia. Una solución que les permita vencer el miedo a denunciar.