La demora en el desembolso de subsidios para las tarifas de energía ya tuvo su primera consecuencia con el apagón de la semana pasada en Puerto Carreño. Pero ahora advierten que el precio del recibo que pagan los usuarios podría aumentar de manera importante si el Gobierno no garantiza el pago a las empresas comercializadoras de energía.
Así lo manifestaron en un comunicado los gremios más importantes del sector energético en Colombia: Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y la Asociación de Energías Renovables (SerColombia).
Los gremios solicitaron de manera urgente el desembolso del pago y advirtieron que el país ya está padeciendo un apagón a raíz de problemas financieros en las empresas comercializadoras de energía a falta de los recursos del Estado. Esto, en tanto han garantizado el descuento a los estratos más bajos, pero no han contado con la retribución del dinero.
En el documento hablan de una “crisis financiera sistémica previsible que afecta el suministro de los servicios de energía eléctrica y de gas natural para la totalidad de los ciudadanos, en especial para los usuarios de estratos 1, 2 y 3”, quienes son los beneficiarios de esos auxilios.
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Como se mencionó, el detonante fue el corte de energía en Puerto Carreño (Vichada) el pasado 2 de enero, que afectó a 40.000 personas. La empresa encargada, Electro Vichada, explicó que el Gobierno debía más de $6.100 millones en subsidios, por lo que no pudo garantizar más el servicio.
Afortunadamente, la situación se solucionó en la tarde del 3 de enero y los habitantes no tuvieron que pasar otra noche sin luz. El propio ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, confirmó que se superó la contingencia y el Gobierno logró un acuerdo con la generadora de energía Refoenergy (que proporciona la luz a Electro Vichada) y con Terpel, que brinda el diésel para el funcionamiento de las plantas.
Tarifas subirían hasta 150%
Parte de la preocupación de los conocedores de ese mercado obedece a que las empresas entren en una insostenibilidad por el incumplimiento del Ejecutivo y se vean en la obligación de desmontar el subsidio. En ese caso, los gremios aseguran que habría una escalada en los recibos de la energía que, en el peor de los casos, implicaría un alza del 150% sin las ayudas. Un gran golpe para el bolsillo de los más vulnerables.
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Y es que el pago pendiente es considerablemente elevado. De hecho, las empresas desembolsaron $2,7 billones –a corte de diciembre del año pasado– para cubrir los auxilios de tarifas de la energía eléctrica el año pasado. Monto por el cual no ha respondido el Gobierno. Además, para el caso de los recibos de gas natural son $628.000 millones pendientes.
La incertidumbre ha traído más consecuencias. Los gremios manifestaron que la falta de liquidez genera mayor exposición de las empresas generadoras a comprar la energía en bolsa y, por ende, se ven sujetas a mayores volatilidades que pueden acarrear alzas en las tarifas para los ciudadanos.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, sostuvo que el pago de dichos auxilios “no es un favor del Gobierno, sino una obligación”. El líder gremial se refirió a que la aplicación de estos subsidios por parte de las empresas del sector está respaldada por las obligaciones del Estado y establecidas en la Constitución Política: en las leyes 142 y 143 de 1994, y 286 de 1996, y los Decretos 847 de 2001 y 201 de 2004. Esas normas incluyen las bases de los subsidios y su financiamiento.