La orden provino del Juzgado 45 Civil Municipal y del Juzgado 58 Civil del Circuito de Bogotá, luego de que el segundo negara una impugnación presentada por Cabal.
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El proceso se originó en una tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo tras una entrevista que la senadora concedió a La Silla Vacía en octubre del año pasado, en la que dijo que no consideraba que la UP hubiera sido exterminada por agentes estatales.
La Defensoría argumentó que las declaraciones de Cabal reproducían “un discurso estigmatizante” que, según el organismo, fue uno de los factores que contribuyó al exterminio de la UP.
Algunos fragmentos de la entrevista se hicieron virales, en particular el momento en que la senadora le dijo al subdirector de La Silla Vacía, Daniel Pacheco, que tenía “cemento en el cerebro” después de que él insistiera en que el Estado tuvo responsabilidad en ese exterminio.
El fallo de segunda instancia subrayó que las declaraciones de la senadora se presentaron como una verdad y concluyó que sus manifestaciones no resultaban “acordes con la realidad probada en el proceso judicial”.
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La responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio de la UP no es materia de debate jurídico. En julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio de la organización política a partir de 1984 y durante más de veinte años, y le ordenó medidas reparatorias y de preservación de la memoria.
A eso se suman sentencias, informes y pruebas de la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Si bien las Farc y el ELN cometieron delitos contra miembros de la UP, la evidencia señala como máximos responsables a los paramilitares y al Estado.
La UP fue un movimiento político fundado en 1985 en el marco de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc.
En los años siguientes, miles de sus integrantes fueron asesinados o desaparecidos, entre ellos dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, cientos de concejales y alcaldes, y miles de militantes de base.
Tomado de El Colombiano.
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