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Colombia
La JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a 12 ex integrantes de Farc
El segundo Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 05, que prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, vincula a excombatientes de varios bloques de las extintas Farc.
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Colprensa
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Lunes, 3 de Febrero de 2025

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 ex integrantes de las extintas Farc, quienes se desempeñaron en siete estructuras guerrilleras que operaron principalmente en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Los imputados están señalados de ser máximos responsables de crímenes como asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso de población, y otros actos inhumanos.

Además, fueron vinculados a crímenes de guerra, como homicidio, atentados contra la vida e integridad corporal, ejecuciones sin juicio previo, desplazamiento forzado y destrucción del medio ambiente.

La imputación, formalizada mediante el segundo Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 05, abarca una serie de crímenes cometidos en más de 5.000 hechos violentos ocurridos entre 1990 y 2016 en diversos municipios del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.

Los exintegrantes de las Farc imputados también son acusados de los crímenes de persecución, traslado forzoso de población y actos inhumanos que impactaron a diversas comunidades, especialmente campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Estos actos se llevaron a cabo bajo la modalidad de “tomas guerrilleras” y fueron perpetrados contra la población civil en la región.

Los imputados fueron miembros de varias estructuras guerrilleras, entre ellas el Bloque Occidental y el Frente 6º, entre otras, y están vinculados a crímenes de guerra y lesa humanidad en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Guachené, Villa Rica y Puerto Tejada, en el norte del Cauca, así como en Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en el sur del Valle del Cauca.3


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Dentro de los ex integrantes más conocidos vinculados al caso se encuentra Pablo Catatumbo, exmiembro del Secretariado de las Farc y comandante del Bloque Occidental; Francisco González, exjefe de inteligencia del Bloque Occidental; y Miguel Ángel Pascuas, excomandante del Frente 6º.

Otros implicados, cuya identidad permanece en reserva por razones de seguridad, ocuparon cargos de alto rango en distintas estructuras guerrilleras.

También se incluyó a Carlos Antonio Lozada, quien fue miembro del Secretariado y responsable de varias actividades del Bloque Oriental, así como Luis Alberto Albán, más conocido como “Isaza”, quien operaba en el Frente 29 y tenía una importante responsabilidad sobre varios de los crímenes cometidos.

Los demás imputados en este proceso son Antonio García, Evaristo Perea, Carlos Arturo Rivas, Carlos Enrique Narváez, Marcos Calarcá, Eladio Vargas, Juan Carlos Díaz, y Carlos Iván Vargas, quienes también participaron activamente en diversas operaciones militares y guerrilleras en los territorios afectados, y se les atribuye la responsabilidad directa sobre los crímenes imputados.


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Según la JEP, la Sala de Reconocimiento realizó una exhaustiva revisión de los hechos y conductas imputadas, basándose en más de 5.000 hechos violentos y más de 14 crímenes identificados en diversos informes.

La contrastación judicial de esta información incluyó documentos de diversas fuentes, entre ellas informes de organizaciones de víctimas, versiones colectivas e individuales de excombatientes, informes de la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y las decisiones de la Corte Constitucional.

Además, se incorporaron las versiones de la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Propia Afrocolombiana, en un esfuerzo por visibilizar las afectaciones a comunidades étnicas y campesinas en el suroeste colombiano.

La imputación formalizada por la JEP es ahora objeto de impugnación. Las víctimas, los imputados y la Procuraduría General de la Nación tienen un plazo de 30 días hábiles para pronunciarse sobre el auto de imputación, contado a partir de la notificación correspondiente.

Durante este periodo, tanto los imputados como las víctimas podrán presentar observaciones o solicitar más pruebas sobre los hechos imputados.


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