En medio de la polémica por la exposición del Centro Nacional de Memoria Histórica “Voces para transformar a Colombia” –la cual habría sido modificada por la dirección de Darío Acevedo sin consultarle a las víctimas– la Jurisdicción Especial para la Paz vinculó a cuatro ministros del gobierno de Iván Duque, y a varios funcionarios más, para que den sus versiones dentro de la investigación que se adelanta.
Los jefes de cartera que deberán responder ante la JEP son el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orjuela y su delegada Lucero Galvis; el ministro de Defensa Nacional, Diego Molano Aponte y su delegado Gregorio Marulanda; la ministra de Cultura, Angélica María Mayolo y su delegado José Ignacio Argote López y la ministra de Educación, María Victoria Angulo y su delegada, Claudia Molina.
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Además de ellos, la Jurisdicción también vinculó al director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a los representantes de víctimas Juan Carlos Martínez Moreno y Gladys Zárate Fierro.
Dichos funcionarios fueron citados para declarar en la medida cautelar que adelanta la JEP porque son parte del Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual es el encargado de aprobar o negar las modificaciones a cualquiera de las exposiciones del Museo Nacional de Memoria.
¿Sobre qué tienen qué declarar?
Tras evidenciar que había cambios a algunas exposiciones del museo que podían vulnerar el derecho de las víctimas a la verdad, reparación y no repetición, la JEP emitió una medida cautelar que cobija a la exposición principal del Museo, Voces para transformar a Colombia, y a todos los demás elementos que tuvieran que ver con la narración de las víctimas.
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Pese a dicha medida, que le impedía a Acevedo o a cualquier funcionario del CNMH hacer modificaciones, el Centro Nacional aprobó la “caracterización del plan y del guión museológico Museo de la Memoria de las víctimas y archivo de los derechos humanos de Colombia”, una actuación que la JEP interpretó como una presunta desobediencia a su medida cautelar.
Bajo ese contexto, la Jurisdicción emitió un incidente de desacato que cobija a Acevedo y demás líderes del Centro. Por eso, esta cita para los ministros y demás integrantes del Consejo Directivo va en dos direcciones: “garantizar los derechos al debido proceso y defensa de los miembros del Consejo Directivo e indagar sobre el conocimiento que haya tenido el Consejo Directivo sobre la existencia y alcance de la medida cautelar”, detalló la JEP.
Así las cosas, los altos funcionarios del gobierno Duque tenían un plazo de 3 días –que vencen este domingo– para que le respondan a la Jurisdicción cómo actuaron y si hicieron algo para evitar el desacato de la medida cautelar.
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