En su más reciente informe sobre uso de recursos para el posconflicto, la Contraloría señaló que hay riesgos de que no haya una cuantificación de la totalidad de los recursos necesarios para el cumplimiento del Acuerdo Final.

Según el ente de control, es probable que exista un déficit de financiación para la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI). Del costeo de $110,6 billones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2017/2018, la Contraloría calcula un requerimiento adicional de aproximadamente $54,5 billones.

"La no adjudicación de tierras con fines de Reincorporación y la inestabilidad jurídica de algunos de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación (ETCR), deben ser de especial cuidado de acuerdo al Decreto 902 para la implementación e inversión de los diferentes procesos de reincorporación. Se mantienen compromisos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), para 82.240 familias inscritas en el Programa", señala.

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En lo que tiene que ver con reincorporación social y económica, se destaca el cumplimiento de las metas del Conpes 3931 de 2018, correspondiente a la política de reincorporación, la destinación de recursos para la aprobación y viabilización de proyectos productivos, los avances en la acreditación de los excombatientes, y la definición y aprobación de la Ruta de la Reincorporación aprobado por el Consejo Nacional Reincorporación.

"Por otro lado, el informe destaca que menos del 1% de la ejecución en 2019 ha sido financiada con recursos del SGP, por debajo de las expectativas de financiación contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y en el Plan Plurianual de Inversiones PPI de Paz del PND 2018-2022. Aún no se cuenta con normatividad y lineamientos que permitan el uso de esta fuente en la implementación del AF", añade.