La elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional generó una alerta desde la Comisión Colombiana de Juristas (Coljuristas), cuya directora, Ana María Rodríguez, advirtió que etiquetar al alto tribunal como un “muro de contención” para el Gobierno contribuye a la polarización de la justicia y pidió al nuevo togado honrar su cargo para desvirtuar los cuestionamientos sobre su independencia.

En diálogo con Colprensa, Rodríguez explicó que afirmar que con la llegada de Camargo se sentenció la reforma pensional o que el magistrado tiene una agenda contraria a las iniciativas gubernamentales es impulsar una politización peligrosa para la institucionalidad, pues el papel de la Corte no es estar a favor o en contra de ningún gobierno, sino aplicar la Constitución y proteger los derechos de los colombianos.

Señaló que, si bien la llegada del exdefensor del Pueblo puede modificar las mayorías al interior de la Corte, esto no debería significar automáticamente que el tribunal se convierta en un actor político. Recordó que se trata de un cuerpo colegiado donde el comportamiento de la colectividad no se define por el de uno solo de sus miembros.

“La Corte Constitucional goza de la legitimidad y el prestigio nacional e internacional propias de un tribunal independiente capaz de tomar sus decisiones en derecho, más allá de quien ocupe la silla presidencial”, afirmó Rodríguez. Por ello, consideró que los llamados desde diversos sectores, incluidos los medios, deberían centrarse en exigir que Camargo cumpla con el rigor de su mandato. Sugerir otra cosa, concluyó, “sería muy grave y debilitaría a este tribunal y a sus jueces”.

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Un retroceso en paridad

Desde otra perspectiva, la directora de Coljuristas sostuvo que la llegada de Carlos Camargo no era lo que la Corte Constitucional necesitaba, debido a que se requería una mujer en el cargo para avanzar hacia la paridad de género y cerrar la brecha en la participación femenina en las altas cortes.

Detalló que actualmente el Consejo de Estado cuenta con ocho magistradas frente a 23 magistrados, la Corte Suprema de Justicia tiene seis mujeres contra 17 hombres, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial está compuesta por dos mujeres y cinco hombres. Con la nueva composición, explicó, se pasó de la posibilidad de tener una Corte con cinco mujeres y cuatro hombres a una con solo tres magistradas y seis magistrados, lo que aleja al tribunal de su compromiso con la paridad.

Carlos Camargo Asís fue elegido magistrado por la plenaria del Senado con 62 votos, tras una de las jornadas más reñidas de los últimos meses. Su principal contendora, la magistrada María Patricia Balanta, apoyada por la oposición, obtuvo 41 sufragios, mientras que el jurista Jaime Humberto Tovar no recibió ninguno.

La elección se desarrolló en un ambiente de máxima crispación. El presidente del Senado, Lidio García, ordenó impedir el ingreso de ministros y funcionarios ajenos al Legislativo al recinto. La tensión escaló con denuncias del senador Alex Flórez sobre presuntas fotografías de periodistas a los votos de los congresistas y con advertencias de anular cualquier sufragio que tuviera marcas o señas.

El foco de la controversia jurídica se centró en la participación de los senadores de Cambio Radical Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, quienes votaron amparados en una medida cautelar del Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de estar sancionados por su partido. La colectividad anunció una denuncia por prevaricato contra las magistradas del CNE y advirtió que la presencia de los dos congresistas podría viciar de nulidad la elección.

La elección de Camargo estuvo precedida por cuestionamientos. Una investigación del portal La Silla Vacía reveló que durante su gestión en la Defensoría del Pueblo (2020-2024) se nombraron familiares de siete de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, corporación que lo ternó. Camargo se defendió asegurando que no hubo premeditación ni infracción legal.

Asimismo, el Sindicato de Defensores de Derechos Humanos (SINDHEP) denunció que un laboratorio forense de alta tecnología, adquirido durante su administración, pudo ser usado para vigilar a funcionarios sindicalizados. La actual defensora, Iris Marín, manifestó su preocupación y aseguró que la entidad colabora con la Fiscalía en las investigaciones.

En su discurso de posesión, Camargo se comprometió a defender la Constitución como un "límite al poder" y a trabajar para que "ninguna coyuntura política pueda poner en riesgo la permanencia de nuestros principios fundacionales". Afirmó que la separación de poderes "seguirá siendo el pilar fundamental" y advirtió que "una Corte Constitucional inclinada, desbalanceada, pone en riesgo la democracia misma".

Con la llegada de Camargo en reemplazo de José Fernando Reyes, la Sala Plena consolida su composición hasta 2028. Se percibe la conformación de un bloque conservador y crítico del Gobierno, integrado por el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, la magistrada Paola Meneses y ahora Camargo, al que frecuentemente se alinea Lina Marcela Escobar.

En la otra orilla, el presidente Gustavo Petro cuenta con dos magistrados cercanos: su exsecretario jurídico, Vladimir Fernández, y su exabogado, Héctor Carvajal. A ellos se suma en algunas decisiones Juan Carlos Cortés, de línea liberal progresista.

En una posición intermedia se ubican Natalia Ángel y Miguel Polo Rosero, cuyos votos han sido mixtos y han demostrado independencia en decisiones clave contra iniciativas del Ejecutivo.

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