La defensa del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla reaccionó este miércoles al anuncio de la Fiscalía General de la Nación de la inminente radicación de solicitud de audiencia de imputación de cargos en su contra por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aseguró que cuentan con las pruebas necesarias para demostrar que no se cometieron delitos y que su cliente no recibió sobornos en efectivo ni maletines con dinero como ha ocurrido en otras líneas de investigación del mismo entramado.

El abogado penalista Mauricio Pava, quien encabeza la defensa del exjefe de la cartera de Hacienda, declaró a W Radio que la naturaleza de la acusación contra Bonilla difiere sustancialmente de otros implicados en el saqueo a la entidad de gestión del riesgo, pues en este caso no existen pruebas materiales de entrega de efectivo.

El jurista explicó que la Fiscalía, liderada por Luz Adriana Camargo, probablemente encaminará la imputación hacia delitos como el tráfico de influencias o el interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, la defensa sostuvo que las interacciones entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República se enmarcan dentro de las funciones legales permitidas y no constituyen un acto delictivo.

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Uno de los puntos centrales que abordará el proceso judicial será la interpretación de las relaciones entre el Gobierno y el Legislativo. Pava señaló que bajo la Ley Quinta, que rige el funcionamiento del Congreso, los legisladores tienen la facultad de indagar por proyectos para sus regiones y el Ministerio de Hacienda posee la competencia para realizar el seguimiento a dichas iniciativas.

El abogado calificó lo sucedido como una discusión sobre la "reciprocidad funcional" entre ambas ramas del poder público, un fenómeno que popularmente se asocia con el clientelismo pero que, desde su perspectiva, tendrá un debate jurídico profundo para determinar si cruzó la línea hacia lo penal. Según el defensor, la tesis de la Fiscalía sugiere que de esos proyectos regionales se derivarían contratos para intereses particulares, pero destacó que ninguno de esos contratos se materializó.

La investigación del ente acusador tomó fuerza tras la firma de un principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. Benavides se convirtió en la testigo estrella contra su exjefe y aseguró en sus declaraciones que Bonilla impartió las órdenes directas para gestionar desembolsos de recursos públicos.

Según las investigaciones periodísticas y los elementos recopilados por la Fiscalía, el objetivo de estas maniobras era asegurar los votos necesarios en la Comisión de Crédito Público del Congreso para aprobar las solicitudes de endeudamiento que requería el Gobierno. Se presume que se coordinó la adjudicación de tres contratos por un valor de 92.000 millones de pesos, los cuales estarían destinados a beneficiar a seis congresistas a cambio de su apoyo legislativo.

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Frente al avance del proceso penal, la defensa reiteró la total disposición de Ricardo Bonilla para comparecer ante las autoridades competentes. Pava aseguró que su cliente atendió puntualmente todos los requerimientos previos y acreditó su arraigo familiar, social y profesional en Colombia, con lo cual buscó desvirtuar cualquier rumor sobre un posible riesgo de fuga del país.

El exministro, quien ocupó el cargo entre mayo de 2023 y diciembre de 2024 tras la salida de José Antonio Ocampo, negó sistemáticamente las acusaciones. Su equipo legal concluyó que el escenario de la audiencia de imputación servirá para precisar los hechos y poner fin a lo que calificaron como especulaciones alrededor de la conducta del exfuncionario. La Fiscalía novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a cargo de María Cristina Patiño, oficializará los cargos en las próximas horas.

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