Los conductores de las empresas transportadoras legalmente constituidas en Ocaña adelantaron una protesta por la competencia de piratas y mototaxis.

De manera escalonada taponaron las vías a la granja de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) y adelantaron caravanas por las principales calles del municipio.

Los choferes de las cooperativas Cootranhacaritama, Cootransunidos y Cootranserpic se concentraron en sectores como La Ondina, El Dorado, Primero de Mayo y La Gloria, para presionar a la Alcaldía a firmar un convenio con la Policía para ejercer control a la piratería.

El conductor Diofan Arias indicó que hace más de cuatro meses no cuentan con Policía de Tránsito y están trabajando a pérdidas. “Una buseta cuesta más de 100 millones de pesos, el propietario se gana al día 20 mil y el conductor, 10 mil. En cambio, un mototaxista consigue más de 50 mil pesos diarios”.

El afectado dijo que la alcaldesa, Miriam Prado Carrascal, les pidió un compás de espera hasta noviembre, pero “mientras tanto estamos en la olla y ¿cómo hacemos para comer?”.

Así mismo, como vocero de los conductores, Arias señaló que están dispuestos a paralizar el municipio si la solución no es coherente con la realidad. “Desde hace seis meses venimos pidiendo un día sin parrillero y no se ha concretado. El pico y placa nadie lo respeta y las restricciones a los motociclistas no se cumplen”.

El gerente de la empresa de Cootranshacaritama, Leonardo Moreno Bonilla, indicó que al paso que va, el transporte público en Ocaña desaparecerá.

“Ante la falta de control, el fenómeno aumenta cada día. A diario llegan mototrabajadores del sur de Cesar, Cúcuta y Venezuela. Esa situación agrava el ambiente de inseguridad que ha crecido en los últimos días”, indicó.

De acuerdo con Moreno, los conductores están desesperados y no encuentran otra fórmula que las vías de hecho. “La administración municipal debe adoptar mecanismos para celebrar el convenio con la Policía”, exclamó.

La demora en la firma del convenio con la Policía facilita la informalidad, y de acuerdo con el director de la oficina de Movilidad y Tránsito, Albert Emiro Urquijo Sánchez, se han presentado tropiezos para suscribir el documento. 

“El convenio debe someterse a revisión a nivel nacional, departamental y local, entonces se analizan los aspectos”, recalcó.

El problema era cumplir con el objeto del contrato, ya que el anterior contempla la entrega de cuatro motocicletas DR 200 Suzuki y se acabó su existencia en el país. “Se recomienda cambiarlas por tres XT 250 Yamaha, con mayor capacidad y accesorios. Otra propuesta es entregar la plata a la institución”, agregó Urquijo Sánchez.