El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el incremento del salario mínimo en un 9,54%, elevándolo a $1.423.500 mensuales para 2025, ha generado una mezcla de expectativas y preocupaciones en la sociedad colombiana.

Si bien la intención de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores es loable, es fundamental analizar las implicaciones económicas de esta medida. La inflación proyectada para el cierre de este año se sitúa en torno al 5,1%, mientras que el crecimiento de la productividad laboral apenas alcanza el 1,75%.

Un aumento salarial que supera significativamente estos indicadores puede desencadenar efectos adversos en la economía nacional. En primer lugar, un incremento desproporcionado del salario mínimo puede ejercer presión sobre las pequeñas y medianas industrias, que constituyen el corazón de nuestra economía.

Estas empresas podrían enfrentar dificultades para absorber los costos adicionales, lo que las llevaría a reducir su plantilla laboral o, en el peor de los casos, a cerrar sus operaciones, afectando el tejido productivo nacional y lanzando a cientos de personas a las calles al perder su opción laboral.

Además, existe el riesgo de que, para mitigar estos costos, las empresas opten por la automatización de procesos, disminuyendo así la demanda de mano de obra y aumentando todavía más el desempleo.

Por otro lado, un aumento salarial sin el respaldo de un crecimiento proporcional en la productividad puede alimentar la inflación, erosionando el poder adquisitivo que se pretendía mejorar.

Este círculo vicioso podría sumergirnos en una espiral de pobreza y estancamiento económico, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. Es preocupante que, en un contexto preelectoral, se adopten medidas de corte populista que, aunque populares en el corto plazo, carecen de un sustento técnico sólido y ponen en riesgo la estabilidad económica del país.

En este punto encaja lo advertido por el gremio de los industriales de esas medidas que mucha gente celebra al final termina siendo fiesta de pocos días y hambre hacia el futuro, como ya ha ocurrido en otras latitudes donde todo terminó en más pobreza, menos desarrollo, más desempleo y mayor costo fiscal para el Estado.

La responsabilidad de un líder radica en tomar decisiones basadas en análisis rigurosos y en el bienestar a largo plazo de la nación, más allá de las consideraciones electorales. En lugar de implementar incrementos salariales desmesurados, sería más prudente explorar alternativas que fomenten una economía competitiva y sostenible.

La promoción de modalidades laborales flexibles, como el trabajo por horas, y la inversión en capacitación y tecnología pueden mejorar la productividad y generar empleo de calidad sin desestabilizar la economía.

Es imperativo que las políticas públicas se diseñen con responsabilidad y visión de futuro, evitando caer en el populismo que, lejos de resolver los problemas estructurales, puede agravarlos.

La construcción de una Colombia próspera requiere decisiones sensatas y fundamentadas, orientadas al bienestar de todos los ciudadanos y al desarrollo sostenible de nuestra economía.

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