Una dura etapa  enfrentan los medios de comunicación en Colombia, con un presidente de la República que los ha puesto en la mira de sus fuertes ataques verbales y que ahora pasaron también al  campo económico, relacionado con el manejo de la pauta, que a la postre constituye una violación a la libertad de informar y ser informados.

Sucedió el 12 de septiembre en una reunión con los llamados ‘medios alternativos’, donde el presidente Gustavo

Petro en su incendiario discurso lanzó varias cargas de artillería contra la prensa, la radio y la televisión que por décadas han venido informando a los colombianos.

Profundizando su animadversión, ha dejado atónitos a todos cuando afirmó: “no matan al periodista arrodillado. No matan al periodista que solo repite como loro la ideología de los dueños del capital que son sus patronos. No. Matan al que critica, al que devela la desnudez del poder, porque encuentra cómo a nosotros nos gobiernan desde las mafias del narcotráfico”.

Es decir, para el presidente las muertes violentas de los comunicadores son un mero incidente  más y un dato más dentro de la cadena de violencia descontrolada en el país, pareciendo no importarle los riesgos diarios que se corren en el ejercicio de informar en Colombia.

Aparte de considerar a los medios críticos a su gestión como ‘prensa hegemónica’ y de ser auspiciadores de presuntos golpes blandos y de campañas de manipulación y desinformación contra su gobierno, ahora prácticamente los quiere poner contra la pared con una mordaza económica, de insospechadas y peligrosas consecuencias.

Para eso habló de una ley de tercios que ni siquiera ha hecho tránsito en el Congreso de la República, pero cuyo mecanismo empezará a aplicarse para llevar la tercera parte de la pauta oficial a los medios alternativos y otro tanto a los tradicionales.

Detrás de ese anuncio puede estarse ocultando una peligrosa estrategia gubernamental para buscar el silenciamiento o presión desde el punto de vista financiero a los medios y periodistas desde las entidades gubernamentales para tratar de arrodillarlos, en una clara muestra de que se avecinan más y tormentosos tiempos de oscurantismo para el trabajo periodístico de los medios serios.

Además, con ese nuevo proceder de patrocinar con recursos del Estado una especie red de información dedicada única y exclusivamente a defender las gestiones del establecimiento sin ninguna confrontación o verificación, aparte de convertirla en un medio propagandístico estatal,  coarta la la posibilidad de tener una amplia oferta noticiosa y evaluativa sobre los acontecimientos diarios en el país.

En otras latitudes ya se han vivido demoledoras experiencias contra la libertad de prensa que hoy, para sorpresa, es amedrantada por el gobierno del cambio en Colombia, que incluso juega  con una imagen de presunto demócrata en el exterior,  al firmar un compromiso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero internamente hace todo lo contrario a lo que pregona.

La prueba está en que se comprometió a que los funcionarios se abstengan de hacer pronunciamientos que fomenten la estigmatización o discriminación contra la prensa y evitar declaraciones que puedan interpretarse como incitaciones a la violencia o discriminación, y poco después hubo la despachada presidencial contra los medios informativos.

En un Estado Social de Derecho como el nuestro, según lo indica la Constitución de 1991, los medios de comunicación y los periodistas no pueden ser sometidos a presiones o amenazas ni tampoco a ser cooptados. Estas actuaciones del gobierno del presidente Petro debilitan la democracia y ponen en riesgo la libertad de información y expresión.  

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