El mundo del narcotráfico y sus delitos conexos metió a Cúcuta a una máquina del tiempo y la arrojó 30 años atrás, cuando los carteles mafiosos eran los amos y señores que hacían y deshacían en Medellín y Cali.

Eso que poderosos narcos mexicanos y venezolanos se hayan aliado para un sangriento ajuste de cuentas contra alguien que presuntamente les ‘robó’ una millonaria suma en dólares, ya es la gota que derrama el vaso en esa compleja situación de inseguridad.

Tener convertidas las calles cucuteñas en territorio de guerra propiciado por barones de la droga de México y el Cartel de los Soles de Venezuela, aparte de soportar la presión de las bandas multicrimen y de la guerrilla y de la disidencia, hacen de la región una ‘caldera del diablo’.

Uno de los elementos disparadores de esa violencia es la llamada ‘cultura traqueta’, formada por extraños, oscuros y derrochadores personajes que de la noche a la mañana amasan fortunas de dudosa procedencia y llegan a residir en ostentosas mansiones y a conducir lujosos y blindados automóviles.

Profundizar en las labores de inteligencia para ir tras las redes de lavadores de activos, de los testaferros, de los que actúan como intermediarios en las redes internacionales del tráfico de estupefacientes es una tarea urgente.

Ojalá lo que se escuchó decir en el consejo de seguridad de ‘incorporar mayor inteligencia para desarticular el poder económico de estas organizaciones’ se active urgentemente.

La cooperación internacional tanto en el campo de la justicia como en el área policial para el intercambio de información también debe fortalecerse, por ejemplo, con México desde donde estamos sufriendo de tiempo atrás la peligrosa influencia de las temibles organizaciones de narcos que extendieron sus redes hasta el Catatumbo y la capital de Norte de Santander.

Y con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, donde está el Cartel de los Soles, del que se señala que hacen parte miembros del gobierno y de la Fuerza Armada Bolivariana, Colombia debe denunciarlo y buscar ayuda en agencias como la DEA o el FBI, ante la grave desestabilización que está generando ese grupo criminal en Norte de Santander y Arauca.

Pero adicional a todo lo que lógicamente tiene que hacer el Estado para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, la sociedad cucuteña en general debe asumir el urgente compromiso de ejercer el rechazo y repudio social a quienes se enriquecen de manera ilícita con el dinero manchado de sangre de las drogas.

Se deben emprender campañas de tomar conciencia sobre que el dinero fácil no es la salida a nuestros problemas, porque finalmente esa burbuja de la ilegalidad se rompe y degenera en violencia, destrucción de los valores éticos y morales.

Hay que hacer una alianza entre la ciudadanía y las instituciones gubernamentales locales, regionales y nacionales para trabajar en ese frente y entre todos, desde los diferentes roles, luchar para desbaratar, desmontar y erradicar ese imperio del mal que carcome nuestra civilidad y empuja a la ciudad hacia una mole de cemento inhumana y peligrosamente insegura.

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