Han pasado dos años de mandato del presidente Gustavo Petro y no se ha visto ningún cambio en el sector carcelario colombiano, donde por el contrario continúan los problemas que desde años atrás lo han afectado.

Trayendo este asunto a Cúcuta se advierte que siguen los mismos inconvenientes con una prisión hacinada y congestionada por las dificultades, con el hecho adicional de tener ahora a un director declarado insubsistente por presuntas irregularidades.

Aunque ya por lo menos el 50% de los detenidos que se encontraban en las celdas de las estaciones de Policía fueron enviados a la cárcel, lo cierto es que se necesitan medidas de fondo, más allá de los convenios y de anuncios de reformas que apenas se quedan en titulares de prensa.

Dentro de la necesaria reforma del sistema penitenciario es requerido que se tenga presente el asunto de las personas capturadas pero no condenadas todavía, para quienes deberían haber o pabellones especiales o cárceles municipales.

Continuar con el actual estado de cosas solo significará que el problema seguirá enfriándose y recalentándose cada cierto tiempo, con graves implicaciones para la seguridad ciudadana y los riesgos de que la administración de justicia sea burlada porque al darse los confinamientos de presos en lugares no adecuados, facilita fugas como las que se han producido en la ciudad en tiempos recientes.

Hay que buscar alternativas como las cárceles autosostenibles, es decir, que podrían hacerse en las zonas rurales para que en ellas los reclusos que están pagando sus condenas cultiven la tierra, produzcan los alimentos que se requieran para ellos, así como para que trabajen y estudien.

Ese podría ser un modelo adecuado dentro de los esquemas de alta y mediana seguridad, reformulando absolutamente el sistema imperante, donde se buscaría que los reclusos tengan talleres o ayuden hasta en tareas relacionadas con la apertura de vías rurales o en ciertas obras de envergadura.

Lo cierto es que no podemos seguir como estamos, porque el temor se apodera de los vecindarios que se encuentran cerca de las instalaciones policiales donde son llevadas personas arrestadas.

Y en este asunto es igualmente requerido que los municipios con respaldo nacional y de las gobernaciones tengan sus propias cárceles y así apoyar cuando ocurran emergencias como las generadas por el crecimiento desbordado de la población carcelaria.

Y como todo es una cadena, es obvio que la misma Justicia, desde el punto de vista de los operadores tiene que agilizar y descongestionar también los procesos represados con el fin de resolver la situación judicial de los detenidos, bien sea condenándolos o absolviéndolos.

Lo único cierto es que los colombianos esperan no que se copie el modelo de megacárceles como el de Bukele en El Salvador, en el entendido que cada país tiene sus situaciones y características muy diferentes, pero que sí el Gobierno Nacional avance con urgencia en la implementación de un esquema que implique una profunda reestructuración del sistema penitenciario con la correspondiente reforma a la Justicia.

Esto debería hacer parte de un acuerdo entre toda la sociedad y los partidos y movimientos políticos que integran el Congreso de la República para sacar adelante una política sólida que ayude a resolver en buena parte la crisis carcelaria colombiana, que necesita ya un gran plan de salvamento.

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