

Primero, el presidente Gustavo Petro tachó al Eln como un grupo más parecido a los paramilitares y de estar dedicado a traquetear y perder el norte en su lucha subversiva, para después el domingo publicar un extraño y no explicado mensaje en la red social X sobre la ubicación de un campamento de esa guerrilla en el Catatumbo.
Colombia sigue sin entender por qué razón el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República actuó de esa manera, precisamente cuando se desarrolla una ofensiva militar contra dicho grupo armado organizado que declaró la guerra en esa zona de Norte de Santander.
Ni es un asunto de poca monta ni un pasaje más de los tantos a los que Petro ha acostumbrado al país con sus salidas en falso y mensajes inoportunos, puesto que del Catatumbo han huido 53.416 personas amenazadas por un conflicto que deja por lo menos 52 asesinados y 31.358 confinados.
¿Qué necesidad tiene el presidente de estar provocando tormentas domingueras que nada bien le hacen al país y quien más bien debería estar promoviendo la diplomacia para la protección de los intereses nacionales y, al mismo tiempo, proceder a actuar con mayor contundencia para la recuperación de la seguridad en todos los rincones del país?
Antes que provocar esas polémicas innecesarias, lo más lógico para una comunidad como la catatumbera que ha soportado épocas de abandono, olvido y violencia, es que el presidente gobierne y ordene que lo dispuesto dentro de la Conmoción Interior opere sin traumatismos, para empezar a pagar esa vieja deuda con la región.
No puede ser posible que estando en semejante crisis humanitaria, la peor de los últimos 25 años por lo menos, el Catatumbo pase al recuerdo pero porque en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes el presidente fue denunciado por haber revelado información sensible desde el punto de vista de inteligencia militar para el desarrollo de las operaciones en contra de dicha guerrilla.
Con ese candente hecho aún sin aclararse suficientemente, surge otro igual o peor de delicado, que bien podría llevar a que la figura de moción de censura contra los ministros pudiera llegar a tener nombre y apellido, por primera vez en el país.
Se trata de una confesión, también inentendible por lo que le corresponde al Estado hacer para defender la vida de los colombianos, en el sentido que el Gobierno nacional no hizo un análisis a fondo de la alerta temprana emitida el año pasado por la Defensoría del Pueblo sobre la volatilidad y peligrosidad de la situación del conflicto armado en el Catatumbo.
Esa declaración del comisionado de Paz, Otty Patiño, de que no se examinó que se “estaba presentando esa exacerbación de las confrontaciones entre quienes tenían una situación de una especie de estado de convivencia, hablo del Bloque Gentil Duarte, Frente 33, y el Eln en esa región”.
Ahí tiene la Procuraduría General de la Nación para que les abra juicio disciplinario a los miembros del gabinete presidencial que incurrieron en esas graves fallas, al tiempo que hay material suficiente para un debate político en el Congreso de la República contra los miembros del gobierno que desoyeron las advertencias y alertas.
El presidente Petro y sus ministros deben recordar que esa desatención estatal degeneró en la peor crisis humanitaria por la violencia desatada en este rincón de la frontera colombiana.
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