El oxígeno anunciado para el sector arrocero de la región por parte de la Gobernación de Norte de Santander con un crédito de fomento, representa una importante decisión de la administración departamental de salir en apoyo de un importante renglón de la economía local.

Esta clase de iniciativas deberían multiplicarse porque constituyen una manera de garantizar la productividad, el empleo, el desarrollo empresarial, inyectarle tranquilidad a la economía local y una forma de llevar la paz a los territorios.

Se trata de una buena alternativa hacia la justicia social al buscar la protección de cientos de pequeños productores del grano, a sus familias y a quienes laboran en las parcelas, por las implicaciones favorables que encierra.

Anticiparse desde la administración departamental a eventuales crisis que como en este caso podrían llegar a afectar a 857 pequeños arroceros y a otros sectores de la actividad local, resulta siendo la mejor inversión social que puede hacerse con la asignación del anunciado préstamo, sin intereses, por $1.000 millones a Asozulia, por intermedio de Ifinorte.

Implementar una política de fomento departamental con esta clase de respaldo, usando una herramienta propia como lo es el Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander, es una acción en la dirección correcta para que nuestro campo y el empresariado en las ciudades cuenten con apoyos oportunos.

Con esta especie de ‘cuota inicial’ en que se convierte el plan con los arroceros, hay que avanzar hacia la consolidación de esta estrategia de apalancamiento financiero al aparato producto del departamento por parte del Estado, lo cual a la postre puede ayudar a mejorar la competitividad.

Incluso, bueno sería que se comience a analizar si es necesario por estatutos o por una ordenanza, que desde la Asamblea se proceda a vigorizar a Ifinorte y a imprimirle ese enfoque hacia los créditos de fomento regional.

Opciones de esa índole marcan también una evidente mejora en el camino hacia la gobernanza porque configuran un portafolio de decisiones regionales que pueden fortalecerse mediante acuerdos con el Fondo Nacional de Garantías y organismos nacionales como el Banco Agrario, entre otros, dentro de convenios o acuerdos interinstitucionales.

Se trata de una muy buena oportunidad para que se haga una llave efectiva entre Estado-sector productivo tanto para el fortalecimiento de la actual estructura, como para ampliar el aparato productivo y garantizar mayores fuentes de empleo gracias a esta clase de operaciones, como la que se ha decidido para que el molino de última tecnología trabaje a plena capacidad y se garantice la compra de la cosecha de arroz a precios favorables.

Que las metas trazadas se cumplan, que el retorno de los recursos se logre, que el empleo perdure y que se den garantías a todos quienes participan en la cadena de producción y comercialización de que el mercado estará suficientemente atendido y abastecido, garantizará el éxito y la multiplicación de esta clase de operaciones.

Recordemos que en el mayor bienestar de la población y en las garantías y respaldo a quienes desarrollan actividades económicas en las zonas rural y urbana se encuentra el real objeto del Estado Social de Derecho.

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