Anda rondando una nueva reforma tributaria que no tiene buen ambiente ni en el Congreso de la República ni mucho menos entre los colombianos que en medio de sus dificultades económicas consideran como un error que el Estado les siga metiendo la mano a sus exiguos recursos.

En lugar de acudir a la impopular fórmula de la aplicación de más cargas impositivas, lo adecuado sería ponerle freno al derroche de los recursos públicos y acudir a la famosa figura de ‘apretarse el cinturón’.

Ese ajuste, o mejor, recorte en el gasto público, en donde todos hagan sacrificios, desde la Presidencia de la República para abajo así como por ejemplo el mismo poder Legislativo y de esa manera cortar el derroche del que es denunciado el Gobierno Nacional por los sectores de la oposición.

Hay cifras que señalan un crecimiento del 20 por ciento anual en ese rubro presupuestal, que proyectándolo entre 2023 y 2025 suma cerca de 117 billones de pesos.

La administración del presidente Gustavo Petro debe entender que la austeridad sería la mejor consejera, porque así enviaría un mensaje alentador a los contribuyentes sobre la adecuada utilización de los impuestos, puesto que liberaría recursos para atender las necesidades de la población, la inversión en proyectos de infraestructura y el fortalecimiento de sectores como la educación y la salud, por ejemplo.

Igualmente, esas disminuciones en las nóminas burocráticas, gastos de viajes, salarios y otros, prácticamente que harían innecesaria cualquier ley de financiamiento, que en este caso espera obtener doce billones de pesos, los cuales prácticamente quedarían cubiertos con una medida como la planteada.

En estos momentos, sin embargo, asiste el país a otro fuerte roce entre la Presidencia de la República y el Congreso, porque mientras la primera asegura que recortar el presupuesto de 2025 iría contra la Constitución, ya en el Senado se habla de reducirlo de $523 billones a $511 billones.

Y como si fuera poco, otra vez se envían mensajes erráticos en contra de quienes generan empresa y empleo en Colombia, al escuchar al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, decir que la reforma tributaria “tocará a los super- ricos”.

Pero hay algo que también afecta el interés de quienes pagan impuestos y es notar la baja gestión gubernamental en la ejecución presupuestal, que a julio de este año apenas llegó al 28%, mientras que en mandatos anteriores se había mantenido por encima del 33%, en el mismo periodo, como lo señalara Fedesarrollo.

El presidente Petro junto con Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda deben reconocer la débil capacidad de ejecutar eficientemente los recursos y plantearse elevar esos niveles, exigiéndoles a los ministerios e institutos que salgan de ese ‘letargo presupuestal’ en el que se encuentran, frente al cúmulo de necesidades que tienen todas las regiones del país.

Resultaría de la mayor trascendencia proceder mejor a una especie de revolcón desde el punto de vista estructural y no coyuntural para mejorar los niveles de recaudo, enfrentar le avasión y elusión, todo dentro de un marco de optimizar la gestión, al tiempo que se debe trabajar desde el Ejecutivo para dar las garantías que permitan elevar la debilitada tasa de inversión en el país, que se ha mantenido en un marge del 17%, siendo una de las más bajas en los últimos diez años, según los analistas económicos.

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