Otty Patiño y Vera Grabe, alto comisionado de Paz, y jefa de la delegación gubernamental en la mesa de conversaciones con el Eln,  deberían pensar seriamente en abrir un diálogo regional en Norte de Santander con esa guerrilla, por la diversidad de graves hechos que la comunidad ha denunciado.

“Catatumbo: Eln presiona para manejar a su antojo el carbón”, es la información dada a conocer por La Opinión sobre un hecho que debe ser considerado dentro del proceso de la ‘Paz Total’, por las graves implicaciones que contempla.

Se trata de una clase de hostilidad de múltiple impacto contra la población civil en la región, al afectar a una actividad económica de la que dependen 70.000 familias.

Ahí se está poniendo en peligro la seguridad para la inversión, los empleos de miles de personas y la generación de recursos producto de la explotación y venta del mineral.

“Si usted no puede pagar la extorsión, hágase a un lado y entréguenos la mina”, es la clase de afirmaciones que el grupo subversivo plantea a los empresarios, detrás de la cual se oculta otro problema de no menor gravedad e implicaciones impredecibles.

Equivaldría esto a decir que estamos acudiendo a una intentona de la guerrilla guevarista de asumir el manejo de la minería del carbón en el Catatumbo, en un hecho que implicaría también la ratificación y consolidación del control sobre un territorio tan importante, para tratar de apoderarse de los dineros que se producen por ese concepto.

Esa denuncia expuesta por la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), por intermedio de su presidente Carlos Cante, es extremadamente delicada y merece ser evaluada tanto desde el punto de vista de operaciones de seguridad, como de tratamiento especial con los delegados  de la guerrilla que asisten a los diálogos de paz.

Estas maniobras para la captura de rentas ya tienen muestras de un avance que es urgente contener. El gerente de la ANDI en el departamento, Francisco Unda, afirmó que esa clase de procedimientos configuran una amenaza para la integridad de la cadena  productiva del carbón y la seguridad de los mismos trabajadores.

 El caso de Norte de Santander, por acciones como las mencionadas, más los secuestros, y la fuerte presencia de  esta guerrilla tanto en territorio catatumbero como en la frontera con Venezuela, merece que se trate como un capítulo aparte.

Merece la pena que la Gobernación de Norte de Santander junto con alcaldías como las de Cúcuta, Tibú y otros municipios afectados intenten un acercamiento con el comisionado Patiño y la delegada Grabe, para que de manera urgente haya un espacio en el cual la región exponga toda esta clase de situaciones a la que se encuentra sometida por dicho grupo alzado en armas.

Esta petición debe contemplar la presencia de los mediadores internacionales del proceso, al igual que Naciones Unidas, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, entre otros.

De los resultados que arroje un ejercicio como este podría comenzar a materializarse un real desescalamiento del conflicto y a lograr verdaderas señales de paz por parte de esta guerrilla que lleva 60 años en levantamiento armado y que ha sostenido conversaciones de paz con cinco gobiernos diferentes, sin llegar nunca a un acuerdo definitivo.

Pero simultáneamente tiene que llegar a considerarse una acción policial y militar más contundente de protección al igual que desde el punto de vista judicial.