

Veinte mil alumnos sin clases y más de 500 profesores a punto de no volver por la peligrosa situación de guerra que sacude al Catatumbo es otro de los impactos que deja el recrudecimiento del conflicto armado.
El derecho a la educación está siendo violado por la guerrilla del Eln en su arremetida contra la disidencia del 33 frente de las Farc, en una confirmación de que se trata del hostigamiento a la población civil en medio de esa lucha armada.
Es evidente el riesgo de la deserción escolar al igual que el posible aplazamiento del calendario académico o la pérdida total de poder seguir estudiando por un probable déficit de profesores a raíz de que la actual plantilla se vea reducida por pedidos de traslados e imposibilidad de dictar clases, a causa del fragor de los enfrentamientos.
Al ir profundizando en los efectos paralelos, se advierte que la cantidad de maestros adscritos a las 400 instituciones educativas de los municipios del Catatumbo puede disminuirse considerablemente, puesto que por ejemplo 500 educadores ya han salido de la zona.
Sobre esta grave perturbación a la educación en las zonas de conflicto en el mundo, la Unicef ha planteado que se tomen medidas decididas que pongan fin al sufrimiento de los niños y las niñas, se garantice el respeto de sus derechos y se cumplan las obligaciones de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario.
En lo que está ocurriendo en el Catatumbo puede advertirse a simple vista que las obligaciones del DIH por parte de quienes se disputan violentamente el control territorial del Catatumbo y sus economías ilegales no las están cumpliendo y comprueban que desatienden los aspectos mínimos para evitar la degradación del conflicto en esta zona de Norte de Santander.
En esa línea llama la atención que la emergencia humanitaria en el departamento llega a los veinte mil desplazados-por lo menos- y unas 1.500 personas atrapadas en inhóspitos lugares del Catatumbo en los que corre peligro su vida.
Lo cierto es que esta tragedia de magnitudes, con por lo menos ochenta muertos, una treintena de los cuales ya registró el correspondiente levantamiento por parte de Medicina Legal, debe servir para que las medidas que se tomen permitan el rescate real de esa zona de las manos de los violentos y lograr ejecutar importantes inversiones para garantizar su desarrollo económico y social.
Quedan a la expectativa la región y el país por las medidas que a la luz del Estado de Conmoción Interior y de emergencia económica en Norte de Santander se empezarán a aplicar desde el Gobierno nacional.
Se esperan que las decisiones sean contundentes, rápidas y efectivas teniendo desde todos los órdenes para que la presencia del Estado en todos los municipios y veredas del Catatumbo sea palpable y definitiva, al igual que en todo el departamento.
La región siempre ha reclamado que el Gobierno nacional atienda sus urgentes necesidades en todos los órdenes, que los proyectos de infraestructura reciban el apoyo financiero para sacarlos adelante para de esa forma ganar competitividad y que haya respaldo al empresariado para la industrialización de la región que ayude a enfrentar el desempleo y la informalidad.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion